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Una recomendación timorata Eduardo Martínez Benavente Enero 23, 2006.
Pocas violaciones a los derechos humanos en San Luis Potosí han quedado tan bien documentadas y exhibidas, como la que ocurrió el viernes 30 de septiembre de 2005, en el exterior del Teatro de la Paz, en la que ciudadanos vinculados al "Frente Amplio Opositor" fueron reprimidos porque se manifestaban en contra del Gobernador del Estado, Marcelo de los Santos, por el apoyo incondicional e ilegal que le ha dado a la Minera San Xavier, para que esta empresa depredadora se instale en San Luis y explote los yacimientos de oro y plata que existen en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro. Al concluir su II Informe de Gobierno, varias personas identificadas con este movimiento fueron agredidas por agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y del cuerpo de escoltas pertenecientes a la Dirección General de Ayudantía y Protocolo. Martín Faz Mora, Director de la Casa de Atención Ciudadana de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, que no participaba en la manifestación, sino que se dedicaba a filmar el evento, fue sometido con lujo de violencia, golpeado y lastimado del cuello, no obstante que nunca ofreció resistencia. Lo mismo ocurrió con otros miembros de la FAO, que al ser señalados por Tomás Cruz, ampliamente conocido como agente de la Dirección de Gobernación, fueron jaloneados y golpeados en reiteradas ocasiones una vez que el Gobernador del Estado había dejado la plazoleta y se había retirado en su vehículo sin que hubiera sufrido agresión alguna. Todo esto ocurría ante la presencia y con el consentimiento de varios jefes policíacos: Marco Antonio Novella Juárez, Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, que en el informe que rindió a la Comisión de Derechos Humanos manifestó que no presenció ni observó los hechos y que la institución a su cargo no participa en operativos de vigilancia ni de seguridad por ser una instancia de coordinación. Por su parte Víctor Hugo Ramos Ortiz, Director General de la Policía Ministerial del Estado, se defendía argumentando que debido a la inmensa multitud (sic) de personas y manifestantes (sic) que se encontraban a las afueras del lugar de dicho evento, en un momento determinado comenzaron los empujones entre los miembros de los grupos de manifestantes...". El Director General de Seguridad Pública del Estado, Jaime Gerardo Flores Escamilla, reportaba con toda falsedad a la CEDH que “en ningún momento se agredió físicamente a José Martín Fernando Faz Mora y Pedro Manuel García Mendoza…” Carlos Jaime Fernández Galván, Director General de Ayudantía y Protocolo respondió cobardemente que "—acudí como invitado a dicho evento como parte del gabinete de trabajo del actual gobierno..." Este vergonzante ex navista agregaba partes informativos de diversos agentes, que reportaban que Martín Faz los había señalado como agentes que tenían la mala intención de arrebatarle su cámara de video con la finalidad de obstruir su trabajo. Ante este señalamiento afirmaba uno de éstos, que "Tal hecho es mentira puesto que yo traía las manos levantadas, sin embargo, el amontonamiento de la gente ocasionaba fuertes empujones que era imposible no tocarlos..." Las versiones de estos funcionarios fueron suficientes para que la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Magdalena Beatriz González Vega, las considerara como verdades absolutas y desechara dos videocasetes y una acta circunstanciada que registraban con toda exactitud las agresiones de agentes policíacos y la tolerancia de sus jefes para que lastimaran a los manifestantes. Ante estas conductas la Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo emitió recomendaciones a Marco Antonio Novella, para que elaborara e implementara estrategias eficaces de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad. Como si los excesos y represiones ocurridas, sobre todo en la forma en que se ensañaron con Martín Faz se redujera a problemas de "coordinación". Al Procurador General de Justicia del Estado se le recomienda que gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se integre y resuelva la averiguación previa que se tramita ante la mesa 7 del Ministerio Público del Fuero Común, para determinar las presuntas responsabilidades de los agentes del Estado involucrados y en su oportunidad se decrete el ejercicio de la acción penal. Hace más de un año que este expediente está inactivo. No somos ningunos ingenuos como para creer que se va a castigar a los violadores de los derechos humanos, pero se tenía que dejar constancia de la querella que se presentó en contra de los agentes policíacos. A Jaime Gerardo Flores Escamilla no se le involucra directamente, no obstante que fue uno de los principales incitadores de la agresión, tan sólo se le recomienda que gire instrucciones a efecto de que se inicie, integre y resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Heladio Moreno Herrera y Daniel Cedillo Molina, agentes “C” de la corporación a su cargo. A Carlos Jaime Fernández Galván, igual que al anterior sólo se le recomienda iniciar procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de José Luis Castro Méndez y Roberto García López, escoltas "C" del Gobernador del Estado. Se recomienda que se investigue la identidad y adscripción de Tomás Cruz porque nadie lo conoce, y una vez identificado se le deberá incluir en los referidos procedimientos de responsabilidad administrativa. Este fantasmal personaje lo conocemos todos los que en algún momento nos hemos plantado en la Plaza de Armas para protestar. Es más, a la propia señora González Vega se le apareció enfrente de sus narices el día en que en su oficina fuimos a presentar esta queja. Situación que le advertimos y que ante su presencia le reclamamos para que ordenara su expulsión. Se recomienda a Martín Faz que reclame la responsabilidad patrimonial al Estado por el daño que se le causó a su cámara y gestione el pago directo de la indemnización que asciende a la cantidad de dos mil pesos, aunque enseguida le advierten, igual que al personaje de "lástima Margarito" que no tiene este derecho, porque dicho pago está condicionado de acuerdo a la Ley que regula esta materia a que la reclamación sea superior a $2,613.00 pesos. Por todo esto podemos afirmar que las recomendaciones que se emitieron en este caso son timoratas, decepcionantes y tardías; pues se pronuncian un año después de que ocurrieron estas violaciones; y no se atreve a tocar a los altos jefes policíacos. Además de que no satisfacen a ninguna de las partes pues es previsible que algunos de los funcionarios involucrados en estos ilícitos no acepten y cumplan siquiera estas recomendaciones porque así se los va a ordenar el Gobernador del Estado; y por el lado de Martín Faz Mora y otros querellantes se prepara un recurso de impugnación que se presentará ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para qué ordene a la potosina a corregir su fallo; en el que necesariamente deberá involucrar al gobernador de los Santos porque tuvo la desfachatez de justificar la represión cuando como legislador le reclamé en su última comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado la conducta delictiva de sus subordinados. Podemos concluir que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí no funciona y tiene una marcada orientación para contemporizar con el gobernador. No lo toca. En estos momentos, más que nunca le interesa quedar bien con el Titular del Poder Ejecutivo, pues se está preparando la iniciativa en la que se ha solicitado incrementar su presupuesto de egresos y se hacen méritos para que éste sea lo más generoso que sea posible.
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