Contrapesos

El pasado 14 de diciembre quedó confirmado el pacto de no agresión entre priístas y panistas auspiciado por el gobernador Fernando Toranzo, con el que se le garantiza impunidad absoluta a su antecesor y a sus colaboradores, independientemente de lo que hayan hecho o se hayan llevado, y sin importar cómo se enriquecieron algunos de los ex funcionarios marcelistas. Ese día se aprobaron por unanimidad las iniciativas presupuestales de ingresos y egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2010, con todo los desaciertos y omisiones que contenían las solicitudes, y a cambio, los priístas rechazaron por improcedente el juicio político en contra del ex gobernador panista Marcelo de los Santos promovido por los integrantes de Acción Ciudadana. Ni siquiera les interesó entrar al análisis del fondo de los asuntos denunciados. Se desechó sin mayores trámites. Al paquete de complicidades se le agregó un pedido de último momento, un último favor, un capricho del diputado panista Pedro Pablo Cepeda, que hoy es posible distinguir: el 3 veces diputado se erigió como el autor de la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, que no consultó con los sectores involucrados en el tema, y consiguió que los priístas rompieran con todas las formalidades del proceso y con el tiempo récord de velocidad legislativa.

En cambio, al diputado Alfonso Castillo Machuca se le olvidó incluir en su paquete de arreglos que el Gobierno del Estado le recibiera la protesta de Ley a su adscrito para hacerse cargo de su notaría. Se le vencía el plazo para iniciar operaciones y a su adscrito, Huitzilihuitl Ortega Pérez, le faltaba ese requisito. Los tres días que separaron la fecha de su examen, el 23 de septiembre de 2009, con la conclusión de la administración de Marcelo de los Santos, no fueron suficientes para dejar desahogados los trámites que marca la Ley del Notariado. Para salvar su fiat, Castillo Machuca se vio obligado a dejar la diputación local y esperar otra oportunidad para que el diputado que lo suplió en el cargo reciba la encomienda de votar en determinado sentido que le permita negociar el asunto que lo obligó a abandonar su curul. Aunque ahora se le complica el panorama porque está obligado a justificar el recibo en el que quedó constancia que le entregó a la ex coordinadora de la fracción panista de la anterior Legislatura, a la diputada Sonia Mendoza Díaz, la cantidad de 675 mil pesos para “gestiones navideñas”, que no le corresponden resolver, sin partida presupuestal y sin que el recibo siquiera señale que fue por instrucciones del gobernador. Se trata de un recibo sin fecha, probablemente expedido en septiembre, muy lejos de la navidad pero muy cerca del día en el que los panistas le aprobaron a Marcelo el préstamo que solicitó por 1,500 millones de pesos, al que le perdonaron que detallara los conceptos en los que aplicaría su importe. La generosidad del ex secretario general de Gobierno con el dinero del erario puede complicarle la vida pues sabe que incurrió en una causa de responsabilidad administrativa señalada en el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, específicamente en las fracciones XIII, XVII y XIX. Los señalamientos en el sentido de que los ex diputados habían sido gratificados por los votos que le permitieron al ex gobernador disponer sin controles de esos recursos parecen quedar confirmados con el recibo que “Pulso” exhibió en su edición del pasado jueves.

Mientras el ex secretario de gobierno enfrentó un rigor inusual entre cómplices que lo obligaron a solicitar licencia y separarse de su cargo, su compañero de bancada, Pedro Pablo Cepeda Sierra, logró una gracia que convierte a la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado –la que regula un tema tan sensible– en candidata indiscutible a un récord Guinness: bastaron 10 minutos para que su iniciativa fuera dictaminada en comisiones. Los documentos, con sus respectivos sellos de acuse de recibo, no mienten. En 10 días la iniciativa se convirtió en Ley: El 4 de diciembre a las 13:45 horas fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y 75 minutos más tarde ya estaba turnada a la Coordinación de Servicios Parlamentarios (tardó más en ser llevada de la Oficialía en Vallejo a Servicios Parlamentarios en Jardín Hidalgo que lo que se tardaron en dictaminarla). El martes 8 de diciembre la iniciativa aparece en la Gaceta Parlamentaria y el jueves 10, durante la sesión del pleno, es turnada a las comisiones de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y a la de Puntos Constitucionales.

La sesión de ese jueves terminó a las 14:00 horas con los integrantes de ambas comisiones que asistieron a la misma presentes. Así que en los siguientes diez minutos ocurrieron todas estas cosas: Uno, Servicios Parlamentarios notificó el turno a las dos comisiones; dos, se citó a sesión urgente a ambas comisiones; tres, se cubrió el protocolo de inicio de sesión de dos comisiones unidas; cuatro, se leyó el contenido de las 66 páginas de la iniciativa; cinco, se hizo el análisis de lo planteado en ella; seis, se elaboró un dictamen sobre la iniciativa; siete, se discutió el dictamen; ocho, se sometió a votación el dictamen y se aprobó; y nueve, ya sin pasar por la Oficialía de Partes, se entregó directamente en Servicios Parlamentarios, como consta en el acuse de recibo, a las 14:10 horas del mismo jueves 10 de diciembre. Para la sesión del día 14 ya todo fue mero trámite, la nueva Ley quedó aprobada sin mayor discusión.

Si Pedro Pablo vendió muy caro su voto, a Castillo Machuca le salió costosísimo dar el suyo a la necesidad priísta. Además de su forzado retiro de la diputación, se quedó embarcado en una serie de violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dado que no sólo dio su voto a favor de rechazar la solicitud de juicio político en contra de su ex jefe, sino que firmó el dictamen como presidente de la Comisión de Justicia, lo que lo convirtió en juez y parte, cuando debió excusarse de conocer el caso y no lo hizo.

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