Marcelo de los Santos: Balance General

Los números son fríos y suelen describir con esa frialdad que los caracteriza lo que la propaganda busca ocultar con la calidez de las imágenes del “todo está bien y mejorando” que, repetidas cientos de veces, engañan a la mayoría de los ciudadanos. Pero atrás de una machacona proyección de imagen siempre habrá un sustento cuantitativo que la respalde o la desmienta. Para desgracia de Marcelo de los Santos, sus números lo desmienten y el “blanqueador de las cuentas públicas de los gobiernos más corruptos del PRI” no ha logrado presentar limpias sus propias cuentas a pesar de que, como los priístas, se hizo de un equipo de blanqueadores y simuladores estratégicamente instalados en las estructuras del poder, en la Contraloría General del Estado con Carlos Esparza del Pozo y en la Auditoría Superior con Héctor Mayorga.

Es así como con su ostentosa propaganda, llena de dispendio, no logró ocultar datos que, en una revisión seria de sus propias Cuentas Públicas, es posible detectar que ejerció tan mal los recursos que provocó cada año un déficit presupuestal que lo llevó a acumular en seis años más de mil 396 millones de pesos. Enorme agujero que se apresuró a tapar con un crédito por mil 500 millones de pesos, más sus 8 millones 625 mil que pagó por concepto de comisiones que de última hora le aprobó la Legislatura sumisa que acaba de concluir. Y no sólo eso, sino que en los informes que presentó de cada ejercicio fiscal quedó claramente reflejada la forma en que arbitrariamente decidió en qué gastar y en qué no, sin la más mínima consideración o respeto a la Ley del Presupuesto de Egresos que cada año aprobaba el Congreso del Estado y a la que se tenía que ajustar para ejercer el gasto. Su vocación botarate lo llevaba año con año a depositar en el cesto de la basura el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo y gastaba a su antojo. Tan ninguneado tuvo al Poder Legislativo, que ante los recursos adicionales que llegaron al Estado por excedentes petroleros y demás los ejerció como si de un premio de la Lotería se tratara: gastó 16 mil 123 millones de pesos por encima del presupuesto, sin autorización previa y expresa del Congreso, ni modificación alguna a las leyes de presupuesto de Egresos y de Ingresos del estado durante el período de 2003 a 2008.

Las cuentas del contador difícilmente respaldan un ejercicio racional y pulcro de las finanzas y sí, en cambio, aportan muchos elementos para fincarle responsabilidades de todo tipo ante las violaciones sistemáticas en que incurrió, a las leyes que rigen su ejercicio. Tal es el fundamento principal de la primera solicitud de por lo menos cinco juicios políticos que el pasado 15 de septiembre presentamos los integrantes de Acción Ciudadana simultáneamente ante el Congreso de la Unión y ante el Congreso del Estado. La fecha de presentación de la primera demanda de juicio político tiene además, en el caso del Congreso local, un doble significado: no se le presentó a la LVIII Legislatura porque equivaldría a pedirle al propio Marcelo de los Santos que se juzgara ante el espejo. Tan sometidos tenía a los diputados que no son dignos de confianza. Se presenta la solicitud ante la LIX Legislatura, en su primer día de funciones para que sea el primer asunto trascendente que deban tratar los nuevos diputados. Así, se les da un voto de confianza pero a la vez se pone a prueba el compromiso que desplegarán para hacer efectiva la rendición de cuentas entre los poderes del Estado y los equilibrios y contrapesos que deben existir entre estos.

Marcelo de los Santos debe ser juzgado por muchas razones y Acción Ciudadana se encargará, en las próximas semanas, de sumar solicitudes de juicio político en su contra por cada uno de las actitudes violatorias de la Constitución y las leyes en las que incurrió y por todos los agravios en contra de los potosinos, entre los que el más aberrante resulta ser que para obras suntuosas como el Centro de Convenciones, haya ejercido en medio año el 542 por ciento de los presupuestado para todo el año y para inversión pública en combate a la pobreza apenas alcanzó el 1.93 por ciento. Reflejo claro de la escala de prioridades de un gobernador sin sensibilidad y muy lejano a las necesidades de sus gobernados.

No somos un grupo de ingenuos que espere en automático el enjuiciamiento de Marcelo de los Santos por parte del Congreso, pues estamos conscientes de la red de complicidades que sostiene al sistema, entre las que sin duda también forma parte la lealtad natural que Fernando Toranzo Fernández, quien lo sustituye en el cargo, le debe tener a su antiguo jefe. Por más que algunos de sus colaboradores traten de convencer a Toranzo Fernández de actuar en contra de Marcelo de los Santos, impulsados por venganzas ante viejos agravios o por resentimientos al no haber sido tomados en cuenta durante su administración, difícilmente el doctor recetará una medicina amarga a quien lo tuvo como su colaborador cercano la mayor parte del sexenio, y que como secretario de Salud conocía muy bien los excesos y desplantes de su superior al que nunca se atrevió a cuestionar. Sería una verdadera sorpresa que ahora lo hiciera.

Igualmente resultaría sorpresivo que Toranzo Fernández actuara en contra de quienes fueron sus pares dentro del gabinete de Marcelo de los Santos, entre quienes destaca Joel Azuara Robles, secretario de Finanzas, que con sus “ahorros” logró la compra de por lo menos seis ranchos en la Huasteca y una costosa residencia en el exclusivo fraccionamiento Villa Antigua que se le han detectado. Tan disparejos resultaron los sueldos de los secretarios del gabinete que, en la contraparte aparece Francisco Antonio Rubín de Celis, titular de la SEGE –dependencia que ejerce la rebanada más grande del presupuesto estatal–, de quien me constan las dificultades que enfrentó para completar el enganche de una modesta casa con más de cuarenta años de uso que pagó con un crédito hipotecario a largo plazo.

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