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El vendedor de inmuebles

Segunda y última parte

Eduardo Martínez Benavente

Abril 12, 2009.

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Si las inmobiliarias en las que participa el fraccionador Carlos Gerardo López Medina y socios pagaran al Ayuntamiento de San Luís Potosí las contribuciones que adeudan por el cambio de uso de suelo que solicitaron y obtuvieron en lo que fue el ejido de la Garita de Jalisco, si hubieran cedido al municipio el 10 por ciento de las 730 hectáreas a que estaban obligados por la escisión o división del predio que les permitió formar otras sociedades, si le hubieran entregado en donación real y efectiva el 15 por ciento de las áreas vendibles a que tiene derecho por la autorización del fraccionamiento la Loma, en el que se encuentra ubicado el exclusivo club de golf; si todo esto hubiera ocurrido, entonces, hubieran sido suficientes estos bienes para financiar los proyectos que la administración municipal del alcalde Jorge Lozano Armengol pretende ahora construir vendiendo una buena parte del patrimonio inmobiliario de la ciudad. Y así, con todos estos antecedentes, el panista premia a otra empresa vinculada también con este fraccionador para que lucre con una concesión que le otorga por la vía de la asignación directa que le permitirá prestar el servicio de agua en tres colonias del poniente de la capital.

El presidente municipal debería estar enterado que el mercado de los bienes raíces en San Luís Potosí está angustiosamente deprimido, que hay pocos compradores, y que una buena parte de las operaciones de compra venta que ahora se formalizan fueron pactadas con anterioridad a esta crisis. Que no es el momento de vender y que si hubiere algunos interesados en adquirir los 23 predios que proyecta enajenar, algunos con los servicios municipales incompletos porque los fraccionadotes aún no han cumplido, seguramente que harían valer su liquidez y ofrecerían un precio ridículo por estos, muy por abajo de lo que realmente valen.

En el acta que se levantó con motivo de la sesión ordinaria de cabildo del pasado 14 de octubre, en la que se aprobó por mayoría de votos la desincorporación y venta de estos inmuebles mediante el procedimiento de una subasta pública que no se reglamentó, y cuyo producto se destinaría a cubrir la deuda bancaria que originaron los puentes que se construyen sobre el periférico Rocha Cordero y la avenida Salk, así como para pagar otros pasivos y ejecutar hasta donde alcanzara una serie de obras municipales, llaman la atención los argumentos falsos y zalameros que utilizó el regidor priísta Ángel Castillo Torres, para “influir en el sentido del voto de mis compañeros…” reconoce el priísta más panista de la sesión que “se ha tenido la disciplina, el rigor y la vigilancia que nos permite en este momento decir que no tenemos una deuda que nos esté presionando, que se ha administrado correctamente el recurso…” y prosigue con su discurso de reconocimientos y mimos: “ y si planteo esta premisa, es porque creo que debe ser aspiración de este Ayuntamiento, de esta administración, dejar finanzas sanas, porque es un acto de responsabilidad, porque hablaría bien de la administración de los recursos públicos y de paso, rompemos con una vieja tradición en las administraciones públicas municipales, que es la de dejar pasivos para las próximas administraciones…” El priísta tuvo la suerte de que nadie lo interrumpiera para recordarle el tamaño de las cargas y obligaciones que heredarán al gobierno que los suceda, y que en mi colaboración anterior señalé puntualmente, por cierto que no cité todos los pasivos, omití entre otros, las papeleras, el subsemun, la adquisición de los parquímetros de la ciudad y cuyos ingresos resultaron insuficientes para cubrir los compromisos que se suscribieron. Ahora sabemos que lo que se recauda por ese concepto no alcanza a liquidar el monto de las mensualidades del crédito que se suscribió, menos para cumplir con la cuota que se destinaría para apoyar el trabajo de los bomberos y crear el fondo para los trabajadores del municipio que se pensionan.

No repara el regidor en que el desmembramiento de esa parte del patrimonio inmobiliario de la ciudad es ilegal e injustificado porque no se fijan las bases para establecer el precio con el que se iniciarían las pujas en la subasta, ni estudios técnicos que garanticen que los lotes de terreno que se pretenden enajenar ya no son necesarios para construir en ellos obras de infraestructura o equipamiento urbano, y que está previsto que no se reducirán ni se verán afectadas las áreas verdes de los fraccionamientos. Seguramente que nadie ha medido el grado de aceptación o rechazo de los colonos cuando se enteren que algunos de sus espacios verdes van a desaparecer y en su lugar se levantarán todo tipo de construcciones. Con especial vehemencia continúa Castillo Torres recordándoles que “…cuando nosotros recibimos esta administración, al principio se nos dijo que prácticamente nos la entregaban saneada, y resulta que fueron apareciendo los pasivos… total que al final de cuentas, nosotros traíamos o heredemos por ahí, lo que alguna vez yo señalé como herencia maldita de alrededor de $100,000.000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)…” Y sigue insistiendo el agente inmobiliario y operador político de la sesión para que autoricen la venta. “ lo cierto es que a la hora que salgan a la venta y en subasta, es muy probable que haya un aumento de precio, es decir no van a ser los $250,000.000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), seguramente va a ser mucho más…” y remata: “… y que seguramente no tendremos ningún problema para vender”.

Uno de los factores de más peso que provocó el descontrol en las finanzas municipales es que el tesorero José Mejía Lira calculó mal los pagos de la línea de crédito que necesariamente tendrá que estar liquidada antes de que concluya esta administración. No previó que los tiempos se redujeron porque el ejercicio de ese crédito se inició meses después de lo calculado y que la provisión de recursos federales con los que se pagan esos pasivos se entrega con mensualidades vencidas.

 

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