El último tarjetazo

Todo indica que se tuvo que negociar con el gobernador Marcelo de los Santos para que asumiera el costo político que conlleva sumarle otros 1,500 millones de pesos a la deuda pública del Estado, en un período en el que ya no le correspondía contratarla, evitándole así al gobernador electo iniciar su administración con la solicitud de un préstamo urgente para rescatar de la ruina a los municipios y cubrir los adeudos de cientos de contratistas y proveedores que están a punto de quebrar sus negocios por la insolvencia del gobierno. El voto unánime de los diputados priístas a favor del endeudamiento es otro elemento que nos confirma que el gobernador y su ex empleado estaban entendidos. Se trata de un asunto en el que los protagonistas de esta historia convinieron una transición sin sobresaltos, pues de no haber sido así, el doctor no se hubiera pronunciado con tanta mesura y comedimiento como lo hizo ahora que calificó el crédito solicitado, y se hubiera esperado prudentemente hasta su toma de posesión para condenar enérgicamente las condiciones en las que recibe la hacienda pública. Para Toranzo la debacle financiera se tradujo a una “gran falta de previsión” y no al gasto excesivo y superfluo que caracterizó al gobierno panista en el que participó activamente como el secretario mejor remunerado durante más de 5 largos años. Es cierto que el gobernador electo en su comunicado marca su distancia en el propósito de incrementar el endeudamiento público y dice compartir la preocupación de los potosinos por el nuevo crédito, pero enseguida justifica esa irresponsabilidad con el argumento de que los ingresos estatales disminuyeron por efectos de la crisis global.

El doctor sabía, como lo sabe el gobernador, que cuando dejaron de fluir los dineros federales y la situación económica del país se colapsó, había dos alternativas para hacerle frente a la crisis: la primera, la responsable, suspender todas las obras y acciones superfluas del gobierno, como el subsidio al equipo de fútbol, las construcciones del Centro de Convenciones, del Museo del Ferrocarril y la Máscara, del Museo de Arte Contemporáneo, reducir las remuneraciones de la burocracia, entre muchas otras acciones; y si esta contracción no era suficiente para corregir el déficit, entonces había que suspender el resto de la obra pública, independientemente de disminuir otros gastos; la segunda opción, la irresponsable, por la que finalmente se decidieron: seguir gastando y construyendo como si nada estuviera ocurriendo.

Fueron tan obsequiosos los diputados que le aprobaron el crédito al gobernador del Estado que ni siquiera le solicitaron una exposición pormenorizada de la forma cómo va a aplicar los recursos solicitados, rubro por rubro, con todo detalle y profundidad. Les bastó que les asegurara que su importe se destinaría a cumplir con las obligaciones financiera que ha contraído su gobierno en materia de inversión pública productiva en los 6 ejes rectores estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo para que le aprobaran el débito. Les explicó el secretario de Finanzas, Joel Azuara, que la línea de crédito de los 1,500 millones de pesos contratada se reduciría considerablemente pues pronto recibirían unos 300 millones por el producto de la venta de los invernaderos de Santa Rita que se abonaría a la deuda, sin reparar que el decreto legislativo que autoriza la enajenación no permite que esos recursos se destinen a pago de pasivos. También les informó que el gobierno federal compensaría una buena parte de los recortes que habían originado el déficit presupuestal con la aportación extraordinaria de unos 600 millones de pesos que se recibirían antes de que concluya el ejercicio. De tal manera que el próximo gobernador podría disponer de unos 900 millones de pesos de liquidez para iniciar su administración.

Se desaprovechó esta oportunidad para que los diputados obligaran al gobernador del estado a transparentar en su solicitud el monto y los conceptos de todos y cada uno de los pasivos que pesan sobre las finanzas del estado, sin importar su denominación. Era el momento de dar a conocer a los potosinos en esa relación, otro crédito que para la mayoría de nosotros pasó inadvertido por más de 576 millones de pesos. Me refiero al que se le autorizó al titular del Poder Ejecutivo para celebrar un contrato de arrendamiento respecto de las instalaciones carcelarias de Ciudad Valles hasta por un plazo de 15 años, para cuyo efecto deberá establecer anualmente la partida presupuestal que le permita solventar mes a mes el compromiso de pagarle a la prestadora del servicio el precio de la renta que aunque su monto no se precisa en el convenio, se puede deducir por la línea de crédito que celebró el gobierno del Estado con Interacciones, S.A., por 19 millones 200 mil pesos, y que corresponden al importe de 6 meses de renta contratada.

En el presupuesto de egresos del 2008, antes de que se firmara la ilegal reestructuración de la deuda pública directa que ascendía a 2 mil 678 millones de pesos, se autorizó una partida por más de 742 millones para el servicio de la deuda, la que finalmente quedó en 334 millones porque representaba una pesadísima carga que se renegoció con la banca acreedora. Estos números no dan una idea de lo que habrá que desembolsar el gobierno del Estado en los ejercicios en los que además de pagar intereses tendrá que abonar al capital prestado, y este pago nada más representa una parte de los más de 12 mil 500 millones de pesos en los que quedará la deuda del Estado.

El próximo año, una vez que entre en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental que regirá para toda la administración pública del país, y que los estados tendrán la obligación de adecuar en sus leyes de deuda pública, se establece que todos los pasivos y obligaciones que reporten las contabilidades gubernamentales deberán reconocerse oficialmente como deuda pública. Entonces nos daremos cuenta que los potosinos somos, per capita, los mexicanos que más dinero debemos en el país.

VISOR DE TRANSPARENCIA