Contrapesos: Jacobo Payán, un peligro para San Luis

“Como el caso del Chato López que le autoricé un terreno y se metió entre 4 o 5 mil millones de pesos en utilidad para que ande regateando una glorieta de 10 millones de pesos o un puente…” Ni con este señalamiento tan grave se atrevió Carlos Gerardo López Medina, alias “el Chato López” a incursionar en la prensa local para desmentir, aclarar o confirmar la denuncia de enriquecimiento brutal e ilícito que le clavó el candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, Jacobo Payán, ante los directivos de los medios de comunicación del estado que estupefactos lo escuchaban en un desayuno al que asistió como su invitado.

Seguramente que muchos potosinos desconocen los detalles de la autorización a que se refiere el ex presidente concejal que le permitió, según éste, a que una inmobiliaria en la que participa el fraccionador obtuviera tales beneficios. La periodista Graciela Castañón de “Pulso” reseñó fielmente la acusación que apareció publicada en este medio el pasado 26 de mayo. Se trata de una de las notas periodísticas locales más visitadas a través del Internet, pues ese mismo día se registraron 11,998 incursiones y 856 comentarios –todos negativos- en el portal de la casa editora, además de los miles de lectores que se enteraron de esta operación en los diarios impresos que editan los hermanos Miguel y Pablo Valladares, así como en todos los otros medios escritos y electrónicos que también dieron testimonio de lo ocurrido.

Esta autorización se refiere al quebranto financiero que provocó la negociación entre el presidente del concejo municipal, Jacobo Payán y Desarrollo del Pedregal de San Luís, de la que se escindió Urbanizadora Peña Blanca, por la que Carlos Gerardo López Medina, en lo personal, aportaría recursos por 10 millones de pesos para la ejecución de las obras del paso a desnivel de la glorieta González Bocanegra a cambio de la anulación, desatención o cancelación de un adeudo fiscal que podía haber ascendido a más de 120 millones de pesos por concepto del cambio de uso de suelo de una superficie de 737 hectáreas que le permitió a estas empresas y a otras de sus ex socios una enorme plusvalía de sus activos, pues en lo sucesivo se podrían edificar en esos terrenos viviendas unifamiliares de baja intensidad con servicios propios para centros urbanos, eliminándose así la reserva ecológica que mantenía esa zona como un área de protección para la fauna y flora silvestre.

En el acta que se levantó con motivo de la sesión de cabildo del 28 de noviembre de 2003 presidida por Jacobo Payán, consta la ilegal autorización de los fraccionamientos “Condominio Residencial La Loma Club de Golf” y “Lomas del Tecnológico Segunda Sección”, que quedó condicionada al otorgamiento de una fianza para garantizar el pago del impuesto por el cambio de uso de suelo y que sus propietarios nunca cumplieron. En el acuerdo no se estableció ni el monto ni los términos ni las condiciones de las fianzas con las que se pretendían garantizar estas obligaciones. La autorización se otorgó mediante una serie de maniobras y argumentos que no tenían más objetivo que favorecer al fraccionador a cómo diera lugar, desaprovechando la oportunidad histórica para exigirle en ese acto el pago de los adeudos como condición previa para el otorgamiento de sus permisos. Los regidores Rafael Aguilar Fuentes, José Grimaldo López y Juan José Hernández Estrada votaron en contra de la propuesta. Blanca María Valle Rodríguez y Miguel Maza Hernández se retiraron de la sesión. Los demás la aprobaron.

Con anterioridad al 27 de agosto de 2003, fecha en la que entró en vigor el Plan de Centro de Población Estratégico San Luís Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, la sociedad mercantil Desarrollo del Pedregal de San Luís, dueña de la mayor parte del ex ejido de la Garita de Jalisco, solicitó y obtuvo la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo, como consta en el acta que se levantó de la sesión ordinaria de cabildo del 31 de julio de 2000, que le fue notificada a la empresa solicitante mediante oficio número 3791/2000 del 21 de agosto de 2000, generándose a partir de esa fecha un impuesto igual a medio día de salario mínimo -$16.35- por cada metro cuadrado de la superficie que se liberaba de la reserva ecológica. Y para aquellos que dudan sobre la procedencia del impuesto a cargo de la fraccionadora, en el oficio 5177/01 del 14 de febrero de 2002, siendo presidente municipal Marcelo de los Santos, se le notificó que “deberá de realizar el pago de derechos por el concepto de cambio de uso de suelo correspondiente a la etapa a desarrollar según lo marca la Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de San Luís Potosí”. En este caso se trataba de una superficie de 206 mil metros cuadrados que se iban a urbanizar. No cabía la menor duda que la empresa de López Medina y socios debía cubrir el impuesto por el cambio de uso de suelo, sin embargo, Payán se los perdonó por los 10 millones de pesos que ahora le cuestiona. Otros propietarios que también se vieron beneficiados por el cambio de uso de suelo en esa zona, como fue la señora Margarita Dávalos Nava, cumplieron puntualmente sus obligaciones y pagaron lo que les correspondía, como consta en el recibo de entero 839766 del 26 de febrero de 2001, que se le extendió por 585 mil pesos. Todavía más, el 20 de diciembre de 2004, Manuel López Ramírez, en representación de Desarrollo del Pedregal de San Luís, cuando los socios originales ya se habían separado y repartido el ex ejido, se dirigió al tesorero del Ayuntamiento, Gerardo García Siller, para solicitarle que se revisara el pago de más de 69 millones de pesos que le reclamaba por la “licencia de uso de suelo”, correspondiente a más de 329 hectáreas porque la fórmula que debía aplicarse era tomando en cuenta el salario mínimo vigente en el 2000 y no el del 2004, “cuando nos vimos favorecidos con la factibilidad de cambio de uso de suelo”, el que se liquidó mediante la dación en pago de un inmueble y 19 millones 439 pesos en efectivo.

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