Contrapesos: No compre riesgos

Son tan graves las omisiones que se derivan del dictamen en el que se autoriza al Ayuntamiento de San Luís Potosí a vender en subasta pública veinte lotes de terreno de su patrimonio inmobiliario, que los compradores de buena fe deben estar advertidos de los riesgos en que incurren si celebran una operación de compra venta con antecedentes de propiedad viciados de nulidad absoluta porque a los diputados se les olvidó desincorporar del dominio público los bienes que se buscan enajenar, no obstante que el cabildo se los pidió expresamente en su solicitud del pasado 22 de octubre, en la que les señala que con excepción de dos inmuebles que son del dominio privado, todos los demás son bienes del dominio público que habría que desincorporar. Sería muy irresponsable el Ayuntamiento si conociendo lo anterior se decide de todas manera a proseguir con la operación convocando a postores a la subasta pública de los primeros 13 predios que tiene autorizados vender, cuando éstos aún no han pasado al dominio privado del municipio. Es probable que por esta razón la administración del alcalde Jorge Lozano no haya publicado en la prensa local la convocatoria para celebrar la primera de las dos subastas autorizadas, no obstante que el tiempo se le termina y que la venta de la totalidad de los predios deberá estar concluida antes del próximo 15 de mayo.

En el considerando décimo segundo del dictamen legislativo se advierte que los representantes de la Comunidad de la Congregación de Escalerillas están solicitando se reconsidere la autorización de la venta de los inmuebles que se localizan al poniente de la ciudad, hasta en tanto no se resuelven diversos amparos en etapa de ejecución, los que afectan una superficie de 5,815 hectáreas en las que se localizan algunos de los predios que están a la venta. Sobre este litigio el Congreso no hizo comentario alguno.

La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable que presidía el diputado con licencia Jorge Vera desechó el dictamen al votar en contra la mayoría de sus integrantes, por lo que sin un dictamen aprobatorio no podía haber pasado la solicitud al Pleno del Congreso, el que de todas maneras se votó y fue aprobado con los 15 votos de los diputados panistas, más los de los priístas José Luís Ramiro Galero y Adolfo Micalco.

En los documentos que el Ayuntamiento acompañó a su escrito no acreditó que los inmuebles que solicita vender ya no son necesarios para la realización de las obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, y por lo tanto siguen siendo bienes del dominio público municipal.

Los términos y condiciones que se autorizaron para la subasta son inoperantes. Más bien parecería que la autorización -como fue concedida- es en realidad una forma subrepticia de negar el permiso, aunque todo indica que el alcalde no se ha dado cuenta del engaño. Su necesidad de hacerse de dinero para pagar pasivos y cumplir con algunos compromisos de obras y servicios es tan apremiante que tuvo que cabildear personalmente con la mayoría de los diputados para que votaran a favor de la autorización, sin embargo, los requisitos que le fijaron parecen insalvables para concretar las negociaciones con los compradores.

El Ayuntamiento deberá llevar a cabo la venta de los terrenos en dos subastas públicas, debiendo informar todos los detalles al Congreso del Estado con 15 días de anticipación a la celebración de las mismas; de igual forma lo deberá de hacer con la ciudadanía publicando esta información durante tres días consecutivos en los dos diarios de mayor circulación del Estado. Si la convocatoria se publica el próximo 20 de abril, la primera subasta se vendría realizando el 6 de mayo. A partir de esta fecha cuentan los adquirentes con otros 15 días para pagar el precio que resulte de cada uno de los inmuebles subastados. Para que el Ayuntamiento pueda realizar la segunda subasta, en la que están comprendidos los predios de mayor valor, deberán estar vendidos y pagados los 13 primeros inmuebles a los que se les ha fijado un valor inicial de 15 millones 728 mil pesos; pero si se atora una sola de estas operaciones o no se recibe completo el pago antes del próximo 15 de mayo, entonces se requerirá de una nueva autorización por parte del Poder Legislativo, quedando sin efectos la anterior.

En este primer paquete están incluidos dos terrenos con un valor inferior a 100 mil pesos cada uno, ocho que van de los 264 mil a los 851 mil, un inmueble en el fraccionamiento El Aguaje con una superficie de 2,123 metros cuadrados, por el que se pretenden 1 millón 571 mil pesos, otro más en el fraccionamiento de San Francisco de los Pozos, que tiene una superficie de 6,518 metros cuadrados, y que saldrá a la venta en 2 millones 966 mil pesos, y el último, en Lomas 4ª. Sección, valuado en 5 millones 710 mil pesos, con una superficie de 1,575 metros cuadrados.

Por la venta de los siete inmuebles que integran el segundo paquete, el Ayuntamiento pretende recibir por lo menos 348 millones de pesos. En el listado aparece uno de 107 mil metros cuadrados en un valor inicial de 215 millones de pesos, que se localiza en las avenidas de las Torres y Chapultepec. Otro más en el Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, con una superficie de 58 mil metros cuadrados, en un valor de 117 millones de pesos. En estos casos los precios son muy altos porque los adquirentes estarán obligados a entregar el 15% de áreas de donación si pretenden subdividirlos o fraccionarlos, más el área que se pierde por calles y avenidas. Otros dos más pequeños, muy baratos, que se ubican en este mismo fraccionamiento con superficies de 331 y 229 metros cuadrados, a $2,010.00 el metro. Dos predios que se fusionan en una sola unidad, también en este fraccionamiento, a la que se le asignó un valor inicial de 5 millones 203 mil pesos, con una superficie de 2,232 metros cuadrados, y finalmente uno de 5 mil metros cuadrados que se encuentra ubicado en este mismo lugar, en un valor de 10 millones de pesos.

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