Contrapesos: Jacobo Payán, un peligro para San Luis

Alguien como Jacobo Payán que se vanagloria de ser propietario de por lo menos 20 gasolineras distribuidas en los puntos más estratégicos de la ciudad; de Malla Soldada, cuyo giro es la fabricación y venta de productos de acero para la construcción; de Fondería, asentada en un inmueble de negro historial que pertenece también al sector metalúrgico; igual que Siderúrgica San Luís y Alambres Potosí; del tecnificado rancho Rincón del Paraíso, ubicado en Villa de Reyes; de otro más de 100 hectáreas que adquirió del ganadero René Díaz con todo y sus 800 vacas lecheras: de los invernaderos Hortícola Cimarrón y Tom Invernadero; del estadio de fútbol Alfonso Lastras; de Malla Transportes; de MT; de Interzona; de Transportación Tramo; del Hotel Panorama; de los restaurantes La Parroquia; de la Cabaña de Pecos; del Motel La Posada; del Restaurante y Cafetería Pacífico, ex proveedora de alimentos dañinos para los huéspedes del Ceprereso; del restaurante bar Marsa; de la Posada del Virrey; de Jape Constructora; de Concretos Moctezuma; de las mueblerías Peyan; de los edificios en los que estuvieron ubicados los cines Avenida y el Manuel José Othón y de muchos otros predios y negocios; alguien como Jacobo Payán que es dueño de todo este descomunal patrimonio requiere de útiles y lucrativas relaciones con la gente que ejerce el poder para destrabar conflictos, simplificar o evitar trámites, pero sobre todo para realizar buenos y productivos negocios con el gobierno, principal comprador de bienes y servicios en todo el estado. Pero la mejor fórmula o combinación para que los negocios e inversiones tengan un éxito rotundo es cuando se conjugan en una sola persona el comerciante insaciable con el servidor público rapaz.

En una sociedad como la nuestra que se mueve a base de corrupción e influencias es muy difícil que un negocio prospere si no existe ese vínculo con el poder. Por eso vemos a cientos de empresarios potosinos tan cerca y tan cooperadores con los candidatos viables a la gubernatura del estado y la presidencia municipal. Hay constancia de que en un solo evento, en una sentada pues, le juntaron al candidato del PAN, Alejandro Zapata, 3 millones de pesos: 200 comensales pagaron 15 mil pesos cada uno para que los viera y saludara. Los compromisos del panista son enormes y los tendrá que pagar, pues de lo contrario sus financiadores se convertirán en sus más acérrimos antagonistas.

Los servidores públicos que de acuerdo a la ley de la materia tienen la obligación de presentar y actualizar su declaración patrimonial cada año, deberían al mismo tiempo incluir otra declaración en la que enlistaran todos los posibles conflictos de interés que se pudieran derivar de sus relaciones personales o económicas con otras personas. Y que esta información se hiciera pública para que cualquier interesado la revisara y le diera seguimiento. La medida tendría como objetivo que el funcionario se abstuviera de participar o conocer de todos aquellos asuntos que pudieran provocar conductas inapropiadas, compromisos dobles y conflictos de lealtades. Como un ejemplo de lo anterior podemos citar el otorgamiento ilegal de una licencia de uso de suelo que concedió el Ayuntamiento de San Luís Potosí el 29 de diciembre de 2003, dos días antes de concluir la administración del ex presidente concejal, Jacobo Payán, en la que se autorizó a una empresa de su propiedad, denominada Arte y Color Salas y Comedores, S.A. de C. V., ubicada en la calle de Polvillo 390 de la fracción de Morales, la operación o viabilidad de una fábrica de muebles que genera polvos y ruidos insufribles para los vecinos. Tramposamente en la licencia se manifestaba que en el terreno se localizaba una carpintería cuando en realidad se trataba de varias naves industriales que se alojan en una superficie de más de 2 mil 450 metros cuadrados.

La administración de Jacobo Payán seguramente heredará la recomendación número 20-2009 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le hizo llegar al municipio capitalino el pasado 30 de marzo, lo que le permitió nombrar una comisión que analizará las actividades de la planta de zinc de Industrial Minera México, entre las que se señalan las afectaciones a la salud de los vecinos que producen sus emanaciones, así como la falta de permisos necesarios para su funcionamiento. Se trata de violaciones a los derechos humanos de los colonos del fraccionamiento Villa Magna en el que un yerno de Payán aparece como accionista de la empresa propietaria. Hay que recordar que este fraccionamiento fue autorizado dos días antes de que su suegro asumiera el cargo de presidente concejal, a pesar de las advertencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luís Potosí que se oponían al proyecto porque la construcción de viviendas en ese lugar no era el adecuado pues invadía la zona intermedia de salvaguarda o protección que debería de existir con la minera.

No sabemos qué tanto influyó en el ánimo de las autoridades municipales -para que fueran ratificadas- que el suegro de uno de los accionistas se convertiría en unas horas más en presidente concejal para que le autorizaran el fraccionamiento, como no sabemos por qué juntaron al yerno de Payán con un paquete accionario cuando la solvencia económica de los otros socios no lo requería, además de que la parte más lucrativa del negocio había consistido en la compra a precio de ganga de las parcelas de los ejidatarios –a 17 pesos el metro cuadrado- que después aportaron en varios cientos de pesos a la inmobiliaria a la que sumaron al yerno de Payán. En la atención de este caso tendrá, como en muchos otros, un grave conflicto de intereses.

En los siguientes capítulos que aparecerán publicados en esta columna, si es que Payán gana la presidencia municipal, detallaré otras irregularidades de la cuenta pública del ex presidente concejal, así como otros negocios en los que se ha visto favorecido gracias a sus relaciones con la gente del poder.

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