Un proyecto fallido II

El Auditor Superior del Estado (ASE), Héctor Mayorga, pretende reivindicar su deteriorada imagen al anunciar que el director del Instituto de Vivienda del Estado (INVIES), Jorge González Hernández, deberá comparecer la próxima semana ante la (ASE) para que presente pruebas que le permitan desahogar las observaciones que le hizo respecto de un presunto desvío de recursos ocurrido en Ciudad Satélite, al haber entregado en calidad de préstamo “…a siete u ocho constructoras un promedio de cinco a siete millones de pesos…”. Se trata de un crédito distinto al de los 270 millones de pesos que otorgó Banco Interacciones, S.A. a los desarrolladores que se les asignó la construcción de las viviendas de la primera etapa del proyecto, y en el que el INVIES afectó ilegalmente en fideicomiso el patrimonio inmobiliario de los potosinos para garantizar el pago del adeudo de los empresarios. Esta fue una operación que el auditor ocultó en su informe.

No podemos permitir que Mayorga trate de engatusarnos con su nueva pose de funcionario justiciero. Que no se nos olvide que este individuo sólo se ha distinguido por ventilar latrocinios menores ocurridos en instancias municipales, y ahora, para ganar credibilidad juega con sentar en el banquillo de los acusados al responsable del proyecto más ambicioso del gobierno marcelista. Seguramente que el auditor no ha reparado que esos créditos fueron autorizados en una Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del INVIES, en el que funge como presidente el gobernador Marcelo de los Santos, el mismo que en una operación muy parecida a la anterior le facilitó, fuera de toda norma, al Grupo Santos otro préstamo por 70 millones de pesos que no ha devuelto para que cubriera una parte del adeudo que tiene con los cañeros de la huasteca. Este ilícito no fue observado por el auditor, pero sí el de Jorge González que lo asentó en el informe de Auditoría a la Cuenta Pública 2008 del Poder Ejecutivo, en el que se sentencia que: “Se solicitó la recuperación de dichos importes, así como su interés correspondiente…”. Se trata de préstamos directos a empresas de particulares relacionadas con la construcción de las primeras 2,994 viviendas de esa unidad habitacional que presuntamente se utilizaron para financiar una parte del proyecto. En su informe reporta que restan un poco más de 6 millones de pesos por recuperar.

Una prueba más del trato diferencial que presta el auditor del Estado a sus amigos y protegidos es la que aparece en el capítulo relativo a la conciliación entre la información financiera de la entidad y la cuenta pública del INVIES (página 451 del informe), en éste se observa que existe una variación de $140,757,597.00 que “la Secretaría de Finanzas no registró en la Cuenta Pública […] con los montos reales ejercidos y en el capítulo del gasto correspondiente, no obstante que el Instituto de Vivienda del Estado así lo informó por medio de sus Estados Financieros entregados a esa Secretaría”. En esta ocasión tampoco exhibió las tropelías del encargado de las finanzas del Estado, Joel Azuara, al que ni siquiera citó para que le explicara las razones que lo movieron para falsear la contabilidad gubernamental.

Lejos, muy lejos quedó aquel noble y ambicioso propósito de que el Estado se haría de una enorme reserva territorial que le garantizaría a los constructores potosinos precios accesibles en la compra de terrenos que les permitieran abaratar el costo de las viviendas destinadas a los trabajadores con ingresos de hasta 3 salarios mínimos al día. Esto ya no será posible porque la superficie restante, la que no se ocupó en la primera etapa de Ciudad Satélite se malbarató y el gobierno del Estado se quedó sin provisiones. Son más de 5 millones 261 mil metros cuadrados que se enajenaron a dos constructoras foráneas en condiciones leoninas que no fueron observadas por la (ASE), y que en la siguiente entrega se analizarán. En esta área no quedaron incluidos el millón 264 mil metros cuadrados destinados a obras de equipamiento urbano, además de las donaciones que por Ley corresponden.

En el decretó número 487, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 3 de julio de 2008, se obliga al INVIES a cuidar en todo momento que no se especule con el precio de estos terrenos, y establece que este supuesto se contemple como causa de rescisión en los contratos que celebre. El medio más seguro que había para garantizar el cumplimiento de esta obligación era que el INVIES vendiera directamente a los derechohabientes los lotes de terreno a su costo y el promotor de la vivienda las construcciones. En el dictamen legislativo correspondiente a este decreto quedó constancia de la preocupación de conciliar el miserable ingreso de la mayoría de las familias potosinas con los costos de una vivienda barata, y para esto se definió que “los beneficiarios del INFONAVIT, que pueden acceder a créditos suficientes para adquirir viviendas del tipo económico, encuentran una oferta muy reducida, toda vez que el número de viviendas de este tipo que se construyen en el Estado, se ha venido reduciendo en los últimos años, en razón al incremento del costo de la tierra, que hace su construcción económicamente inviable para la inversión privada”. Era tal el interés de los diputados en que no se perdiera este propósito que en su dictamen analizan que “Resulta de suma trascendencia señalar, que en la zona el Gobierno del Estado cuenta con una importante reserva territorial, con lo que se evitará la especulación a fin de poder cumplir con el principal objetivo del proyecto: a menor costo de la tierra, mayores beneficios para las familias potosinas”. Sin embargo esta obligación no se hizo constar en la escritura de compra venta que celebró el INVIES con Dynámica Desarrollos Sustentables, S.A. de C.V., con domicilio social en la ciudad de Guadalajara, el 13 de agosto de 2008, pues se le permitió construir viviendas hasta de $474,043.75, muy por encima de los $227,541.00 que corresponde al tope de las viviendas tipo económico.

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