Marcelo de los Santos: Balance General

E l blanqueador de las cuentas públicas más corruptas de los gobiernos del PRI no pudo en esta ocasión limpiar su propia cuenta. Fueron inútiles sus esfuerzos. Perdió la oportunidad para explicar con veracidad y detalle los pasivos que pesan sobre las finanzas públicas que acaba de dejar. Tuvo tiempo de proyectar el monto de las partidas presupuestales que se requieren para los siguientes seis ejercicios con las que se podría hacer frente a los compromisos de esa pesada carga, y no lo hizo.

Ahora no sabe cómo maquillar sus escandalosos adeudos. Debió calcular que no es igual litigar un conflicto desde las instancias del poder al que se había acostumbrado que desde los espacios de un simple ciudadano que es en lo que ahora se ha convertido. Los argumentos que maneja para reducir al mínimo el volumen de los pasivos y demás compromisos que le hereda a la administración del doctor Fernando Toranzo son arbitrarios y mentirosos; y para la mayoría de los potosinos, diga lo que diga y haga lo que haga, ya está conceptuado como un gobernador botarate que dilapidó una buena parte de los recursos públicos que se le confiaron en gastos y construcciones superfluas y no prioritarias que no se reflejaron en bienestar para sus familias.

Pasará a la historia de nuestra entidad como un gobernador que dejó una enorme e irresponsable deuda, la que seguramente servirá para que la administración del priísta Toranzo justifique su ineficacia, pues en su desplegado del 21 de octubre ya advierte que su administración “se encuentra seriamente limitada en su posibilidad de dar respuesta a numerosas y variadas demandas sociales en materia de obras y servicios de beneficio colectivo, ante la ineludible obligación de enfrentar los compromisos financieros de diversas índole y que bajo distintas denominaciones heredó de la anterior administración…”

Todo indica que la pluma y maquinación del coordinador general de asesores del gobierno del doctor Toranzo, Juan José Rodríguez, le dio un giro radical a la postura inicial y timorata del encargado de las finanzas públicas, Jesús Conde Mejía, pues unos días antes de revelar que los compromisos y obligaciones financieras del gobierno del Estado ascendían a 16 mil 267 millones 896 mil pesos, había declarado sin énfasis que los pasivos gubernamentales andaban por los 11 mil millones de pesos. Realmente nos sorprendió el anuncio. Ninguno de los que hemos estado atentos a este tema le habíamos sumado algunos conceptos que consideramos exagerados y tramposos, como son los casi 3 mil millones de pesos que por concepto de intereses se calcula que se generarán durante los próximos 19 años por el servicio de la deuda pública directa. Aquí es importante señalar que el gobierno de Fernando Toranzo tiene elementos suficientes para volver a negociar en condiciones más favorables una parte del adeudo, por lo menos 2 mil 678 millones de pesos, pues Banco Mercantil del Norte aceptó ilegalmente renegociar la deuda el 3 de marzo de 2008, con una fe de erratas en la que supuestamente se le autorizaba al Ejecutivo del Estado a dar en garantía las participaciones federales, sabiendo que la anterior Legislatura nunca se lo había autorizado, y si el banco no acepta debe declararse en suspensión de pagos hasta que se convalide la operación.

No anexó Conde Mejía, en su desplegado del 21 de octubre, el cuadro con los detalles de los pasivos reportados por las diversas dependencias y entidades públicas que no se encuentran registrados en la Secretaría de Finanzas, y que según sus números ascienden a más de 1 mil 680 millones de pesos. Esta información tampoco aparece en la página de transparencia de la Secretaría a su cargo. Aquí deberían estar enlistados, entre otros, los acreedores y proveedores del Gobierno del Estado que creíamos que se habían reducido considerablemente con el importe del último préstamo. Al 31 de diciembre de 2008 se registraban adeudos por estos conceptos por un total de 1 mil 152 millones de pesos. Es inexplicable que el saldo se haya incrementado. Urge un informe pormenorizado de lo que hizo Marcelo de los Santos con los 1,508 millones 625 mil pesos que le prestaron en las postrimerías de su sexenio, suma en el que están incluidas las comisiones que se pagaron a Banco del Bajío por la línea de crédito que se formalizó el 18 de agosto pasado. A los 2 mil 317 millones de pesos que calcula que se destinarán para subsidiar a las plantas tratadoras de agua habría que restarle los ingresos por la venta de agua tratada y lo que se recaude por concepto de saneamiento. Igualmente a los 3 mil 956 millones de pesos que apunta que se pagarán a la empresa que prestará los servicios de conducción y potabilización del agua de la presa el Realito a esta capital, habría que disminuirle lo que se recaude por la venta de este líquido que finalmente cubriremos los usuarios. Esta última inversión debió correr a cargo del gobierno federal como en su momento nos lo prometió el ex presidente Vicente Fox.
Por lo que podemos concluir que el informe del doctor Toranzo no es del todo veraz ni completo, y tarde o temprano aparecerán otros pasivos que no están contabilizados, como pueden ser las obligaciones millonarias que asumió el Gobierno del Estado como garante y deudor solidario para el caso de que algunos organismos, entre estos la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, incumpla el entero de las aportaciones y cuotas de sus trabajadores al ISSSTE. No sabemos si el valor de los puentes que faltan por construir y que le fueron ofrecidos a la General Motors están considerados en los adeudos gubernamentales, así como las obras de infraestructura y equipamiento urbano que requiere el proyecto habitacional de Ciudad Satélite. Estas inversiones deben ser prioritarias porque las constructoras que adquirieron una buena parte de la reserva territorial para construir viviendas no liquidarán el precio convenido, que a la fecha está vencido, hasta que les construyan las obras a las que se comprometió el INVIES.

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