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Dinero ilegal

Eduardo Martínez Benavente

Abril 22, 2007.

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Después del tijeretazo que sufrió el presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el 2007, que redujo la cantidad originalmente solicitada en cerca de 30 millones de pesos, al pasar de $204,383,345.00 que demandaban, a sólo $174,817,091.00 que les autorizaron; los diputados locales le buscaron por dónde hacerse de más dinero que les permitiera cubrir sus desmedidas pretensiones, y encontraron, si no toda la suma faltante, si un importante remanente de $4,088,278.00, que corresponde a una parte de los recursos del ejercicio anterior que recibieron, pero que no gastaron en el 2006, y que de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Presupuesto de Egresos para el Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2007, debía reintegrarse a la Secretaría de Finanzas a más tardar el 31 de enero pasado. Esta cantidad resulta de la diferencia entre el activo circulante: bancos, inversiones en mesa de dinero y deudores diversos que suman $8, 892,400.00, y el pasivo a corto plazo: impuestos y derechos por pagar, acreedores diversos y proveedores del Congreso por $4, 804,122.00, según reporta su informe financiero del 31 de diciembre de 2006, que fue aprobado por unanimidad el pasado 12 de abril.

El remanente anterior es dinero que el Congreso del Estado no debía haber tocado y que desde hace más de dos meses tenía que haber devuelto al Gobierno del Estado; por eso podemos afirmar que esos recursos, en manos de los diputados, son ilegales. Es probable que de aquí se pague la factura millonaria por la compra de la flotilla de vehículos que se está licitando. El Secretario de Finanzas para reparar el ilícito tiene dos vías: la primera, solicitar su devolución inmediata; y la segunda, cobrarse a lo chino, y restarles de la próxima entrega el importe del sobrante.

En el informe financiero del Congreso del Estado, al 28 de febrero de 2007, aparece un ingreso de $77,584.00, por “productos”, que son los intereses que el banco le ha pagado por las sumas depositadas hasta esa fecha; y que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, debían ser entregados a la Secretaría de Finanzas; para que los programara a través de modificaciones a su presupuesto de egresos; y sólo mediante este trámite, devolverlos para poder ser utilizados.

Cuando el gobernador Marcelo de los Santos les recortó una buena parte de los recursos que le habían solicitado para el 2007, nos quedamos con la curiosidad de qué rubros iban a ser los más afectados. El resultado: los destinados a la Auditoría Superior del Estado, pues tuvieron que restarles más de nueve millones y medio de pesos a la suma que tenían programada para cubrir sus actividades. Con todo y los ajustes que se hicieron, los ingresos de los diputados no sufrirán los inconvenientes de la austeridad anunciada para este ejercicio, pues cada uno de ellos podrá disponer de más de dos millones y medio de pesos durante el año, a través de 16 diferentes conceptos que enseguida se detallan; según se desprende de la información que por su naturaleza debió difundirse de oficio, pero que se obtuvo después de haberla demandado:

 

Sueldos

$990,552.00

Prima vacacional

$ 38,521.48

Gratificación fin de año

$ 247,638.00

Cuota seguro de vida

$ 13,611.11

Cuota seguro gastos médicos

$ 13,611.11

Cuota fondo de ahorro

$126,000.00

Apoyo legislativo

$ 189,000.00

Apoyo de gestoría

$195,622.81

Apoyo estacionamiento

$ 15,248.22

Otras prestaciones

$ 71,539.85

Viáticos

$ 15,456.15

Gastos de representación

$   4,252.30

Apoyo gastos médicos

$ 23,049.26

Apoyo a comisiones

$130,673.78

Apoyo fracción parlamentaria

$326,666.00

Combustibles y lubricantes

$107,052.37

 

A estos números habría que hacerles unos pequeños ajustes a la baja en los siguientes rubros: viáticos, apoyos para estacionamiento y gastos médicos, combustibles y lubricantes, cuotas para seguros de gastos médicos y de vida, porque dentro de estas prestaciones están incluidos algunos otros altos funcionarios del Congreso que no están sindicalizados. Pero en cambio, habría que estimar el impuesto sobre la renta que no se les retiene por el fondo de ahorro. Hay que valorar también el gasto que representa cubrir la telefonía celular y fija que erogan los diputados por asuntos que no son legislativos, sino particulares o partidistas; lo mismo debe ocurrir con la depreciación del equipo de transporte, cómputo, comunicación; sumarles los gastos en taxis, cafetería, papelería y artículos de oficina, y las horas extras que se pagan al personal por asuntos que nada tienen que ver con su función pública. Más otras prestaciones, como disponer de préstamos equivalentes hasta de tres meses de su sueldo sin que se generen intereses.
Que no se nos olvide que los diputados panistas son mayoría en el Congreso; y si tuvieran vocación por atemperar estos excesos, podrían implantar una política de verdadera austeridad en el gasto público, aun sin el consentimiento de las otras fracciones parlamentarias.

 

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Lista obtenida a través de solicitudes de información

 

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