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Los improperios del Obispo de Ciudad Valles

Eduardo Martínez Benavente

Abril 29, 2007.

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Creo que muchos de los lectores de “PulsO” no podemos salir todavía de nuestro asombro e indignación, cuando el pasado 8 de abril leímos una declaración del señor obispo de Ciudad Valles, Roberto Octavio Balmori Cinta, que en su intento por defender al sacerdote Humberto Covarrubias Rendón, acusado de haber violado a una menor de edad, aseguró que la presunta victima “…tiene antecedentes de muchacha inquieta, fácil para enredarse en estos problemas, por lo que se dice de ella en el pueblo”. Seguramente que al también misionero josefino no le explicaron que aun cuando fuera cierto que no hubo violencia física ni moral en la conducta que se le imputa al clérigo, el Código Penal del Estado, señala que comete el delito de estupro quien tiene cópula con una persona mayor de 12 y menor de 16, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o del engaño. Que le recuerden que una persona en estas condiciones no tiene la edad legal para otorgar su consentimiento en materia sexual.

En las tres semanas que han transcurrido desde la fecha en que pronunció sus ofensivos señalamientos, no hemos encontrado una sola línea en la que desmienta o rectifique su declaración, y menos una solicitud de perdón a la denunciante y a su familia. Parecería que con la descalificación de la adolescente de 14 años que preparaba espiritualmente el padre ”Beto” para su misa de quince años, intenta salvar y exentar de toda culpa al cura denunciado por la madre de la menor. “Mi hija y otras niñas recibían pláticas sobre la palabra de Dios porque somos muy creyentes”, narró la madre al ministerio público que integra la averiguación previa 81/IV/07 y a la síndico municipal de El Naranjo, Febé Gutiérrez Salazar. “Llegó a mi oficina a clamar por justicia y no paraba de llorar”, comenta Febe a “La Opinión” de Los Ángeles, una publicación para la población hispana del sur de California, con una circulación de más de cien mil ejemplares diarios. “No podía creer lo que la menor le había contado: la tarde del 28 de marzo, el presbítero pasó por su casa, en el pequeño poblado Álamos, para llevarla a El Naranjo, la cabecera municipal que se encuentra a 20 kilómetros, “así no tienes que ir en camión”, acometió. La familia vio con buenos ojos el ofrecimiento. “Una vez en carretera el cura desvió la ruta hacia Ciudad Mante, otro de los poblados vecinos en la sierra huasteca, en donde se detuvo frente a un hotel de paso. Le dijo a la niña que esperara. Luego regresó para ingresar el vehículo a uno de los estacionamientos privados del hostal, donde dijo la niña que la ultrajó”.

“Una semana después -sigue narrando la síndico- la madre notó cambios de actitud en la joven, quien no salía de su cuarto ni de la cama, lloraba por casi nada y había dejado de comer. La familia la presionó hasta que confesó lo ocurrido con el sacerdote, quien es originario del municipio de Ciudad Valles, aunque actualmente es vicario parroquial de El Naranjo”. La madre de la presunta victima declaró que el religioso logró el silencio de la menor por varios días, tras la promesa de obsequiarle un teléfono celular, y que su hija ya había sido victima de otros abusos cometidos por un tío y un profesor. El presbítero responsable de la parroquia para la que trabaja el acusado, Brígido de Dios, afirma que “ha jurado que es inocente y nosotros le creemos”. Desde entonces se desconoce el paradero del padre Covarrubias que no ha enfrentado el proceso que se atiende en la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Media, que atrajo el asunto.

La Arquidiócesis de Monterrey, a cargo de monseñor Francisco Robles Ortega, a la que pertenece la diócesis de Ciudad Valles, independientemente de que tiene la obligación de realizar una investigación paralela para dar cumplimiento a lo que le ordena el Código de Derecho Canónico, debería ser la principal interesada en colaborar en esta investigación, y obligar al sacerdote acusado a que se presente de inmediato a rendir su declaración ante la mesa especializada en Delitos Sexuales y de Violencia Intrafamiliar, para que determine lo conducente; y no caer en la tentación de encubrirlo, permitiéndole que siga oculto y dejando que pase el tiempo hasta que a la opinión pública se le olvide el delito que se señala.

La Iglesia Católica es renuente a enfrentar su crisis originada por las restricciones que impone el celibato, a pesar de que más del setenta por ciento del clero estaría a favor de que el celibato fuera opcional, según un amplio estudio de Peter Fischler, jesuita y profesor de la Universidad de Hamburgo. El Cardenal Arzobispo de Boston, Bernard Law, acusado de proteger a curas pedófilos de su Arquidiócesis, además de que fue forzado a dimitir de su cargo, ha tenido que pedir disculpas públicas a todas las victimas de abusos sexuales y pagarles más de 85 millones de dólares, por concepto de indemnizaciones, que han puesto en la bancarrota a su iglesia. Juan Pablo II fue severísimo al calificar de “traidores” a los religiosos que quebranten con estos actos sus votos. En esa ocasión concreta aseguró que estaba “de lado de las victimas que han sufrido las peores manifestaciones del mal”. Desgraciadamente la política seguida por los responsables de la Iglesia, en muchos casos, se ha centrado en evitar la divulgación exterior, y el ocultamiento a la policía de estos hechos, así como grandes esfuerzos para presionar a las victimas, sus familiares y testigos para que no los denuncien a las autoridades civiles.

Es cierto que no se valen los juicios sumarios, ni para condenar ni para declarar inocente a ningún indiciado, y lo correcto es esperar a que concluya la investigación, pero tampoco se vale la defensa a ultranza de un presunto delincuente, como la que realiza el cuarto obispo de Ciudad Valles, que debe saber que con su actitud obstruye la acción de la justicia por su innegable influencia política y espiritual que ejerce en esa región del Estado.

 

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