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"Ciudad de los Santos" Segunda y última parte Eduardo Martínez Benavente Agosto 12, 2007.
El Gobierno del Estado intentó mantener en secreto la información que le incomodaba en la compra de 350 hectáreas que formalizó el 26 de abril de 2006 con la empresa “Dintel del Centro”, propiedad de un grupo de especuladores del Estado de Chihuahua, que mediante información privilegiada se hicieron de más de 743 hectáreas, por las que pagaron 9 pesos el metro cuadrado, algo así como 67 millones, que se repartieron los 105 ejidatarios de “El Panalillo”, y en las que en su superficie, el Instituto de Vivienda del Estado proyecta levantar una ciudad de más de 30 mil viviendas. Para ocultar los turbios movimientos de esa transacción, el director del INVIES Jorge González Hernández, negó la información en la que se le solicitaba la partida presupuestal de la cual se destinaron los recursos para pagar esa compra, y una copia de la escritura del inmueble que amparaba el proyecto conocido como “Ciudad Satélite”, argumentando, sin explicar los motivos, que se trataba de información reservada para un período de dos años; pero el ciudadano Pedro Manuel García Mendoza consiguió que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información le ordenara que la hiciera pública y le entregara el documento solicitado. De esta manera nos enteramos de las argucias que adornan esta operación, en el que los chihuahuenses se hicieron pasar como avecindados del ejido para que el Registro Agrario Nacional les expidiera los títulos de propiedad de las parcelas adquiridas, y así evadir el pago de importantes contribuciones, cuyo monto bien podría alcanzar la suma de 42 millones de pesos, de acuerdo a las siguientes liquidaciones: el Municipio de San Luis Potosí habría recibido la cantidad de un millón 112 mil pesos por concepto de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, si la venta que realizaron los verdaderos ejidatarios de sus parcelas en 67 millones de pesos se hubiera formalizado mediante un contrato de compra venta a favor de los falsos ejidatarios; más un ingreso de 134 mil pesos por el avalúo catastral, y el Gobierno del Estado recibiría otros 147 mil por inscribir el testimonio de su escritura en el Registro Público de la Propiedad. En la siguiente operación, la de los falsos ejidatarios a “Dintel del Centro”, sólo se localizaron 5 contratos de compra venta que suman una superficie de 350 hectáreas, en un precio de 77 millones de pesos. Como éstos simularon que se trataba de la primera enajenación de parcelas ejidales de las cuales habían obtenido el dominio pleno, la Ley Agraria los exentó del pago del Impuesto sobre la Renta. Aquí la evasión pudo alcanzar los 12 millones de pesos, considerando que compraron en 9 pesos y venden inmediatamente después en 22 el metro cuadrado; y eso que el calculo se hace nada más sobre una superficie de 350 y no sobre las 743 hectáreas que les pertenecen. En estas ventas se pagó aproximadamente un millón 300 mil pesos por concepto de impuestos municipales por los traslados de dominio y derechos de inscripción en el Registro Público. Cuando vendan los falsos ejidatarios las 393 hectáreas que les restan, no pagarán el Impuesto sobre la Renta por las utilidades que lleguen a obtener. Por último, en la escritura que se negaba entregar González Hernández, consta que “Dintel del Centro” le vendió al INVIES, en un poco más de 140 millones de pesos, las 350 hectáreas que hacía cinco meses había adquirido. Para cubrir ese precio se combinaron ingeniosas estrategias financieras con las que además se evadió y eludió al fisco porque el precio que en verdad desembolsó la administración marcelista no llegó a los 7 millones 334 mil pesos - menos de 2 pesos con 10 centavos el metro-, ya que mediante un avalúo inflado, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales le fijó un valor de 40 pesos a cada metro cuadrado, para que el gobierno federal, a través del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares lo apoyara con recursos monetarios, aportando la federación una tercera parte del valor que se consignó en el avalúo, esto es con un poco más de 46 millones 666 mil pesos. La empresa vendedora consintió que se falseara el valor establecido en la escritura de compra venta, porque el precio que realmente recibió fue de sólo 54 millones de pesos, ya que le tuvo que devolver al gobierno 86 millones de pesos, disfrazados de un generoso donativo por el que recibió un comprobante que le permitió deducir el egreso para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta. Aquí la inmobiliaria tendría que haber erogado más de 18 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta por la utilidad obtenida entre el valor de adquisición y el establecido en la enajenación; pero la verdadera ganancia para esta empresa será la plusvalía que alcancen las 393 hectáreas que le restan y que colindan con el futuro desarrollo inmobiliario, una vez que el Gobierno del Estado le introduzca todos los servicios urbanos. Todavía más, INVIES consiguió que la administración municipal de Octavio Pedroza lo exentara indebidamente de un pago por 2 millones 324 mil pesos por el traslado de dominio, más otros 280 mil que le perdonó del avalúo catastral. En el último informe de la Auditoría Superior del Estado a su cuenta publica no se observó tal evasión; y no por una consideración al ex alcalde, sino porque el contador Héctor Mayorga no se atreve a tocar al gobernador del Estado. La polémica que recientemente se desató entre algunos regidores de oposición con funcionarios panistas consiste en que el Instituto de la Vivienda asegura que está exento del pago de impuestos, entre los que destaca un crédito a favor del Municipio por 8 millones 330 mil pesos por el cambio de uso de suelo, porque falsamente argumenta que el proyecto habitacional se construirá sobre un inmueble que clasifican como bien del dominio público destinado a un servicio público; razonamiento que si fuera cierto obligaría al INVIES a cumplir con un complicado procedimiento de desafectación cada vez que enajenara un terreno; lo que desde luego no va a ocurrir.
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