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Jorge Lozano, el incendiario

Eduardo Martínez Benavente

Diciembre 23, 2007.

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El incremento salarial del 20 por ciento que recientemente se autorizaron los integrantes del cabildo capitalino, y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero, debe marcar la pauta de las negociaciones que se darán con Guadalupe Valencia, el imperceptible y sempiterno dirigente sindical de los trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí, para fijar los aumentos en las prestaciones que demandarán los sindicalizados para el siguiente ejercicio; y debe ser también la medida para mejorar las de los empleados de confianza que laboran en el Municipio. El impacto en las finanzas públicas municipales será brutal porque el rubro de salarios y sus derivados ocupan una posición importantísima en la distribución de sus gastos. La base mínima para el acuerdo laboral quedó establecida con esta modificación que puede servir también de inspiración para otras revisiones contractuales.

Ni el líder sindical más falso y entreguista de los trabajadores al servicio de un gobierno aceptaría un incremento menor para sus representados que el que se otorgaran los jefes. Sería como si el 5 por ciento que se dieron los diputados no lo hicieran extensivo a todos los demás empleados del Congreso del Estado. El banderazo para precipitarse por el botín del erario municipio salió de sus propias autoridades. Nadie ha calculado que tanto afectará esta desproporción en los servicios públicos que presta esta instancia de gobierno. El alcalde Jorge Lozano Armengol no midió las consecuencias y rebotes de este acuerdo, e intenta justificarse con el argumento de que San Luis Potosí es una de las ciudades más mal pagadas de la República y “la carga de trabajo es bastante fuerte para los regidores y las responsabilidades (así)”, y nos revela a sus gobernados que con el incremento percibirá alrededor de 73 mil pesos mensuales; y agrega: “yo no me considero nadie para decir si el sueldo del alcalde es el mejor (así), los ciudadanos son los que tienen que juzgar si es suficiente o no lo es”. El Presidente Municipal considera que la convocatoria de Felipe Calderón a establecer un régimen de austeridad no quiere decir que los salarios de los funcionarios vayan a ser injustos, porque “se tiene que ver la responsabilidad de un alcalde de una ciudad de 800 mil pobladores”. Por lo pronto omitió la consulta popular ofrecida, y en un acuerdo dividido de su cabildo palomeó la propuesta. Los regidores del Frente Cívico Potosino en una actitud congruente con la realidad económica que vive la inmensa mayoría de la población, aceptaron el incremento, pero se comprometieron a que su importe lo aplicarían íntegro a donativos y acciones de gestoría, con la obligación de informarnos mensualmente su destino.

Puede ser que todo esto no sea más que una hábil e inteligente estrategia del edil potosino, que en un gesto de solidaridad con los trabajadores contribuya al cumplimiento del compromiso de “más empleos y mejor remunerados”, que ofreció Felipe Calderón en su campaña para la presidencia de la República; pues al mejorar tan generosamente sus percepciones personales está obligado a hacer otro tanto con las del resto de la burocracia municipal, y al mismo tiempo, puede servir esta acción para impulsar un movimiento reivindicatorio de los asalariados en todo el Estado, para revelarse contra el orden establecido y exigir una mejor retribución por su trabajo; y de ninguna manera aceptar el 4 o 5 por ciento que está previsto de incremento para el 2008. Un aumento insólito promovido por el alcalde Jorge Lozano en el país de los bajos salarios que está al servicio de los empresarios, gracias al dominio de la política neoliberal. No es difícil imaginarnos la contrariedad y enojo que debe padecer el gobernador Marcelo de los Santos, que no es ningún modelo de austeridad, ante la decisión del alcalde de mejorar sus ingresos en ese porcentaje; pues los otros municipios y sus propios empleados pueden intentar una negociación con esas pretensiones. Todo esto, en dirección opuesta a la política salarial del Gobierno del Estado, pues su Secretario de Desarrollo Económico, Carlos Barcena Pous ha sentenciado que la instalación de empresas, como la General Motors en San Luis Potosí no aumentarán el promedio de los 2.3 salarios mínimos que se paga al 97 por ciento de los obreros potosinos de la zona industrial, algo así como 3 mil 285 pesos mensuales, garantizándole a la armadora de vehículos que sus trabajadores se conformarán con esa cifra; y a los patrones de las otras fábricas que nadie vendrá a poner el mal ejemplo de cubrir salarios bien remunerados. Es más, destacó que las empresas que se instalen en el Estado “deben” adecuarse a esta medida, aunque tengan la capacidad económica para pagar salarios más altos. Tal como van las cosas, seguirán millones de individuos excluidos permanentemente de trabajos decorosamente retribuidos.

Muchos han sido los intentos para moderar la voracidad de los funcionarios públicos en materia salarial, Felipe Calderón retomó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y presentó una iniciativa de reformas constitucionales para ajustar salarios y tabuladores de toda la burocracia federal, sin excepciones, la que seguramente entrará en vigor en el 2008. En San luis Potosí, el diputado panista Adrián Ibáñez Esquivel presentó el pasado 7 de diciembre una iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, sin reparar que para que se apruebe lo relacionado con la burocracia municipal, tendría que modificarse primero la Constitución Política del Estado, porque el artículo 114 le garantiza a los municipios el manejo libre de su hacienda. De cualquier manera es encomiable su esfuerzo a pesar de su pobre exposición de motivos; pues el diputado propone principalmente que no habrá remuneración superior a la del gobernador del Estado, magistrados y diputados; y la remuneración de éstos, no será mayor que la del presidente de la República.

 

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