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 Periodismo de mano en mano y Visor de Transparencia

 

 

 

 

 

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¡Bajan!

Eduardo Martínez Benavente

Febrero 4, 2007.

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Es el grito desesperado del usuario de un autobús para que el chofer advierta su presencia y no arranque sin él; pero es también el resultado que seguramente tendrán las tarifas del transporte público en la capital del Estado y área conurbada. El año sigue pintando mal para los asalariados y sus familias; esto es para la mayoría de los potosinos. A pesar de la retórica engañosa de los miembros del Consejo Estatal de Transporte Público que sirve de parapeto para que el Gobernador no se desgaste ni asuma los costos directos de la impopularidad de esta medida; estamos seguros que el 6 de febrero, fecha en que se reúnen sus integrantes, aumentará el transporte público, sin importar si a muchos potosinos todavía les quedan algunos centavos de su sueldo que les permita cubrir el incremento..

Los estudiantes son los únicos usuarios que pueden detener el aumento del precio del transporte; y animar al resto para que reclamen y defiendan sus derechos; por supuesto que me refiero a los de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a los del Tecnológico Regional. Es su oportunidad para corregir el error que cometieron hace un año al levantar el plantón y su huelga de hambre frente a las puertas de Palacio de Gobierno, que tenían como objetivo principal obligar al Gobierno del Estado a que cancelara el incremento a las tarifas de los autobuses urbanos. En aquella ocasión se dejaron corromper y traicionaron una lucha noble como era evitar que se siguiera causando más daño a la economía popular. Muchos potosinos tenían cifradas sus esperanzas en ese movimiento que claudicó mediante la firma de un convenio entreguista que celebraron los líderes estudiantiles Gerardo Aguinaga Calderón y Pedro Aurelio Torres Martínez, Presidente y Vicepresidente de la Federación Universitaria Potosina, y Mario Alejandro García Lucio, Presidente del Consejo Estudiantil del Tecnológico, con el gobierno de Marcelo de los Santos, el 2 de febrero de 2006.

Las partes acordaron instalar módulos de venta de boletos prepagados en sitios universitarios. El funcionamiento de una ruta de transporte público exclusivo para estudiantes de la UASLP que partiría de la Alameda, con una sola parada en las facultades de Contaduría y Derecho y destino final en la Zona Universitaria. Para el Tecnológico se iniciarían los estudios con el fin de lograr una similar de la Alameda a sus instalaciones. El Gobierno aceptó que 45 estudiantes llevaran a cabo el seguimiento a la evaluación continua de las unidades del transporte colectivo metropolitano. Ellos no calificarían su desempeño sino sólo tendrían acceso a la información que se generara. Como pago recibirían una remuneración durante el tiempo que colaboraran. No sabemos si realmente trabajaron y si el dinero se entregó directamente a los estudiantes o a las tesorerías de sus centros de estudio. Y menos conocemos el monto total de ese desembolso. El Gobierno se obligó también a apoyar económicamente a los estudiantes de la Universidad y del Tecnológico en la promoción de un evento artístico a beneficio de la comunidad estudiantil. Finalmente se comprometió a proveer lo conducente para que el Tecnológico pudiera contar para su uso con un camión de transporte, un cañón proyector y una computadora Lap Top. Pero nada de reducir las tarifas. El tema ni se trató. Ya no les importó la suerte de los demás usuarios y las tarifas quedaron firmes. Todos los beneficios que se les entregaron no tenían un soporte presupuestal por lo que podemos considerar que hubo desvío de recursos públicos. Ahora es la oportunidad para que los jóvenes dirijan y alienten un movimiento de rechazo a estos incrementos. Es su oportunidad para que recuperen la credibilidad perdida. Los líderes estudiantiles universitarios ya han marcado su posición en este asunto al asegurar que será contra el aumento, y reiteraron que la Federación desaprueba el aumento. Creo que a la inmensa mayoría de los usuarios lo que más les interesa es que les cobren menos por el pasaje que las mejoras que pueda tener el servicio. Su principal problema es económico no de comodidad, ni se de seguridad.

No conocemos ningún estudio imparcial y serio que nos demuestre que los transportistas están perdiendo con las cuotas que actualmente cobran, No sabemos nada de sus costos ni márgenes de utilidad. No se ha presentado un dictamen de la evaluación del desempeño de este servicio como para justificar sus incrementos. Aún cuando se demostrara que el servicio no puede seguir operando bajo las tarifas vigentes hay otras medidas que los gobiernos de derecha, como el de Marcelo, no se atreverían a autorizar, y que sirven para compensar las abismales e injustas diferencias que existen entre ricos y pobres; me refiero a subsidiar el precio del transporte; o bien a ir pensando en su municipalización para que opere sin utilidades. El ejemplo más revelador de la pérdida del poder adquisitivo de la población es el que se refiere al consumo de la tortilla: en 1986 con el importe de un salario mínimo se podían comprar 27 kilos de tortilla, ahora sólo alcanza para 5 kilos. Nos queda claro que los permisionarios no trabajan para hacer obras de caridad, sino negocios y su objetivo es ganar todo lo que se pueda, por eso se les permite seguir utilizando unidades con más de 10 años de antigüedad contraviniendo la Ley.

A Marcelo de los Santos lo hemos visto modificar su discurso sobre este tema, desde “Que hay comprender a los permisionarios dado que tienen costos al prestar el servicio”, sin importarle si la población tiene con qué pagar los incrementos, hasta que los aumentos tarifarios no serán mayores al crecimiento del índice nacional de precios al consumidor de los 14 meses en que no hubo incrementos, pasando por la posición de que a los estudiantes ya les ha dado mucho; por lo que ésta es la ocasión para que se reivindiquen luchando por evitar el aumento y sumarse a quienes gritan que ¡Bajen las tarifas!

 

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