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El cambalache

Primera parte

Eduardo Martínez Benavente

Julio 22, 2007.

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El cambio de adscripción del presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral de San Luis Potosí, Héctor Gerardo Hernández Rodríguez, que lo mueven a Aguascalientes; y la sustitución del potosino por el de Coahuila Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, son un movimiento perjudicial e inconveniente para las dos entidades. No podemos aceptar las cartas de presentación del nuevo vocal ejecutivo que el IFE impone a los potosinos, en las que como miembro del Servicio Profesional Electoral desde 1993 ha tenido resultados de evaluación por debajo del promedio nacional. El funcionario mejoró y pasó del lugar 27 al 24 en el 2006, entre los 32 vocales que se midieron. En la evaluación de la Junta a su cargo ocupó el lugar 28, pues se determinó que el trabajo en equipo mostraba “una inadecuada integración”; y eso que se trata de un Estado de complejidad baja con un padrón muy similar al nuestro. San Luis Potosí está considerado como una entidad de complejidad media, con un padrón de más de un millón 607 ciudadanos y siete distritos electorales. Si Aispuro no pudo con un Estado predominantemente urbano, menos conflictivo que el guachichil y más fácil de administrar; difícilmente podrá dar buenos resultados en una entidad más compleja y enredada como la potosina. Tampoco vayan a creer nuestros vecinos del norte que les estamos enviando una joyita. El expediente del doctor Hernández Rodríguez reporta dos sanciones de suspensión de 5 días cada una al habérsele acreditado infracciones por omisiones y actividades contrarias a las normas que los rigen. El rendimiento del funcionario potosino lo coloca en el lugar 27 de 32 funcionarios electorales. Es cierto que la evaluación de su desempeño ha mejorado en los últimos años, aunque en el proceso electoral federal 2000-2003, casi tocó fondo al ubicarse en la posición 31 con respecto al resto de los 32 Vocales Ejecutivos Locales; mientras que en el proceso 2005/2006 mejoró y subió al lugar 18. Creo que ahora es la oportunidad para que la gente joven reconocida por el Servicio Profesional Electoral sustituya a estos dinosaurios que se han eternizado en sus cargos.

El doctor Hernández Rodríguez, maestro universitario, médico cirujano, pianista y bohemio como su ex jefe y amigo José Woldemberg, ingresó al Servicio Profesional Electoral hace más de 14 años, como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado. El IFE intenta justificar su cambio de adscripción porque considera que “será útil para fortalecer la adecuada integración de los equipos de trabajo y renovar la dinámica de trabajo de esta junta local Ejecutiva (la de Aguascalientes)”. Pero de Aispuro, ¿qué se puede argumentar a su favor para que San Luis Potosí se beneficie con su presencia?

El cambio de adscripciones corresponde a una atribución de los consejeros nacionales. Sabemos que varios de estos, entre ellos el potosino, se resisten a dejar sus plazas y han interpuesto recursos para que no los muevan, no obstante que suscribieron un compromiso por escrito con una cláusula de disponibilidad para que los muevan.

El doctor Héctor Gerardo Hernández Rodríguez fue recomendado en 1993 para ocupar ese importante cargo por el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, que como él, perteneció también a la agrupación de estudiantes católicos conocida como “Los conejos”; operación que fue avalada por el panista Francisco Javier Salazar Sáenz, célebremente conocido por su silencio y desatinos en la tragedia de la mina de Pasta de Conchos. El doctor es dueño de un ingreso de más de un millón 200 mil pesos anuales que percibe por diferentes conceptos la alta burocracia encargada de las elecciones federales, no obstante los largos intervalos de ocio que transcurren de una elección a otra. Los otros seis consejeros locales que con él integran la Junta Local en la entidad se les compensa con un estímulo de 9 mil 200 pesos al mes, y sólo durante el tiempo que dura el proceso electoral.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral dejó de ser ciudadano para convertirse en un órgano bipartidista que perdió su esencia civil y vive ahora sus horas más oscuras desde su nacimiento. Su descrédito es abrumador, cada día menos ciudadanos creen en su independencia e imparcialidad. El desaseo de la elección presidencial y la marca de la maestra Elba Esther Gordillo les pesa como una piedra de molino amarrada al cuello, pues fue ella la que negoció cinco consejerías, incluyendo la presidencia para su partido y cuatro para el blanquiazul. El escándalo de Hildebrando, cuñado de Felipe Calderón, que le aportó el “software” al IFE para fraguar el fraude cibernético puso en crisis la credibilidad del Instituto. El desprestigio de la institución no tiene otra salida que la renuncia o remoción de todos sus integrantes para reparar su deteriorada imagen. Ellos son los encargados de nombrar a los 32 consejos federales y éstos, a su vez, a los 300 distritales.

Al también presidente del Consejo Local del IFE, Héctor Gerardo Hernández Rodríguez, con una reconocida experiencia y conocimientos en materia electoral, se le considera como un funcionario que con mucha habilidad sabe maniobrar y contemporizar con el gobernante en turno. No podemos olvidar su definición ideológica y admiración por el Partido Revolucionario Institucional que confesó cándidamente en una de sus primeras entrevistas como funcionario electoral. Pero ahora presenciamos pasmados el reconocimiento que el Partido Acción Nacional le brindó al doctor Hernández Rodríguez por su desempeño como presidente local de este Instituto; y que desde luego aceptó complacido. Y cómo no iban a estar agradecidos los panistas con él, si les facilitó la tarea para que su candidato apareciera con más votos que el de la izquierda, porque nunca les objetó sus ilícitos. Que bien se hubiera visto el doctor, si hubiera amonestado al presidente Vicente Fox, cuando en un evento público, previo a la jornada electoral, en plena Plaza de los Fundadores, vino a anunciar la construcción de la Presa el Realito, y a promover a su desangelado candidato a la Presidencia de la República.

 

 

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