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"Ni con el pétalo de una rosa"

Eduardo Martínez Benavente

Junio 24, 2007.

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No nos sorprendió el resumen de las observaciones del informe de la auditoría que rindió el contador Héctor Mayorga, Auditor Superior del Estado, correspondiente a la Cuenta Pública 2006 del Poder Ejecutivo. Sabíamos que los resultados serían por demás obsequiosos y condescendientes. Era una respuesta obligada para agradecerle a su ex jefe el favor de haberlo colocado en esa poderosísima posición. Prácticamente todo es perfecto: de los más de 20 mil 831 millones de pesos ejercidos a lo largo de un año, el auditor sólo reporta la suma de 2 millones 110,866 pesos con 86 centavos, en 5 observaciones cuantitativas que no fueron aclaradas; de éstas, cuatro corresponden a erogaciones que adolecen de comprobantes que cubran todos los requisitos fiscales; y la quinta, la más importante, por más de un millón y medio de pesos, porque en la construcción del colector pluvial de Mexinox se observaron conceptos pagados, no ejecutados.

El auditor también denuncia 74 observaciones cualitativas no solventadas que encontró en los miles de movimientos y operaciones gubernamentales realizados durante el ejercicio 2006. Lo más destacado de su informe es el ensañamiento con la gente del Patronato de la Feria Nacional Potosina. No los quiere, les dedica 23 observaciones, casi una tercera parte de todo su trabajo. Los señalamientos son muy similares a los resultados de las auditorías anteriores. Aparecen las adjudicaciones directas que no se apegan a la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones del Estado. Se fracciona hasta en 195 partidas las adquisiciones de material eléctrico que se adjudican directamente al Grupo Tornillín Eléctrico y/o Fernando Pérez Espinosa y 54 más para El Trifoco. Exhibe al club La Loma Centro Deportivo, propiedad del Chato López, como deudor moroso porque desde hace 8 meses no les paga una factura de la que no menciona su monto. Omite el nombre de un influyente proveedor al que la Oficialía Mayor le compró un sistema de localización automática de vehículos y cámaras de video sin licitar.

En la Secretaría de Desarrollo Económico vuelve a observar la discrecionalidad con la que se realizan erogaciones por concepto de viáticos, gastos de representación, gratificaciones, congresos y otros. En la SEDUVOP quedó una sola observación pendiente por solventar, se trata de una gratificación que se entregó a 30 empleados con cargo a la obra de canalización del Río Españita. El resto de la obra pública es incuestionable. Las 4 observaciones que le finca a la SEDARH se los dedica a los Invernaderos de San Rita. Se trata de impuestos a su favor que no ha reclamado por un monto de casi 33 millones de pesos, cuya devolución no procede y su importe, dice el auditor, deberá ser contabilizado como parte del costo de los materiales adquiridos. Le señala que no enteró los impuestos retenidos a sus trabajadores; y que el 75 por ciento de sus adquisiciones no las licita, sino las adjudica directamente. Al Instituto Potosino del Deporte le observa varias adquisiciones directas en las que el beneficiario son empresas del inefable Jacobo Payán. El resto de las observaciones sin aclarar son muy similares a las que hasta aquí se describen.

Existen observaciones muy reveladoras en algunas de las auditorías que se practicaron al Gobierno del Estado, que sin embargo quedaron fácil e inexplicablemente aclaradas porque ya no aparecen en el resumen de observaciones pendientes de solventar, como es el caso de un pago desproporcionado de 48 millones de pesos, a más de 10 mil pesos el metros cuadrado, por la compra de un terreno con una superficie de 4,597.63 m2, destinado a la construcción del Centro de Convenciones, que se ubica en la Garita de Jalisco; el que por cierto está en litigio con los ejidatarios (Pág.80). Cualquiera con un mínimo de sentido común sabe que esos terrenos ni remotamente valen ese precio. La inversión pública autorizada por el Congreso a la SEDECO, por un poco más de 64 millones de pesos, se elevó a 460 millones ejercidos. En esta cantidad debe estar incluido el valor del terreno que se le reintegró a la General Motors. Y luego creen los diputados que son ellos los que le autorizan al gobernador cómo gastar el presupuesto. Más adelante se señala que el Gobierno aplicó otros 367 millones de pesos para pagarle a la General Motors la subestación eléctrica, impuestos y honorarios del proyecto Greenfield y otros incentivos en materia financiera. De estos gastos el auditor no hace comentario alguno. Varios secretarios aparecen como deudores del gobierno, con saldos pendientes de liquidar, como Roberto Vázquez Díaz, Fernando López Palau y Carlos Barcena Pous.

El ingreso del 2006 por concepto de la venta de productos agrícolas de los Invernaderos de Santa Rita alcanzó la cifra de 260 millones de pesos. No dice cuánto costo producirlas. Ahora la comisión del 10 por ciento por la comercialización de los productos se paga a 4 intermediarios. Hay un contrato de prestación de servicios con una empresa que le proporciona el personal necesario; por el que cobra el 15.5 % de la nómina que generan los trabajadores de confianza; el 8% por los sindicalizados, más una comisión de 695 pesos por trabajador. La Secretaría de Turismo reporta una inversión en iluminación escénica por $ 9 millones 292 mil pesos. El INVIES contribuyó con 86 de los 140 millones que se pagaron a Dintel del Centro por la adquisición de 300 hectáreas de El Panalillo. Al fallido equipo de béisbol Tuneros le dieron $8,878.000.00 para cubrir sus necesidades. Al Club Deportivo Potosino más de 700 mil pesos para su desangelado torneo de tenis. Al equipo de Fútbol Real San Luis se le subsidió con 54 millones de pesos (Pág. 181). Al de baloncesto $3,500.000.00. Ni un centavo para fomentar el deporte en los municipios.

Al gobernador no lo toca, ni siquiera se atreve a mencionarlo, no obstante que la información que vacía en el documento es muy reveladora por la discrecionalidad en el gasto y los excesos cometidos.

 

 

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