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Desnudando a General Motors

Eduardo Martínez Benavente

Junio 3, 2007.

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A destiempo y en un oficio sin fecha, el nuevo Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Carlos F. Barcena Pous, cumple parcialmente la resolución de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información que le ordenó hacer pública una parte de la información relacionada con el proyecto de la General Motors en San Luis.

Se trata de una respuesta en la que, por un lado, inventa números que no cuadran con las cifras oficiales que reportó el gobernador Marcelo de los Santos en la página 613 del tomo II de su anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno, donde bajo el concepto “Realización de Obras de Infraestructura para la Planta GMC”, declara para este objetivo una erogación de 620 millones de pesos, y no la suma de 500 millones que manifiesta el Ing. Barcena en la información que libera; y que incluye el valor del terreno que le reintegró el Gobierno a GM, para que recuperara los más de 295 millones de pesos que ésta le había pagado a los especuladores que con información privilegiada se lo vendieron. Aunque ahora nos sale con la novedad que en este precio queda cubierto, además del valor del terreno baldío, la perforación y derechos de agua de dos pozos, así como los trabajos de desmonte, limpia y compactación del terreno que no se mencionan en el título de propiedad, porque no fueron materia de la operación de compra venta.

Por otro lado, la Sedeco sigue ocultando dolosamente datos que por su naturaleza deberían de ser públicos, como los estímulos y exenciones fiscales que al margen de la Ley se le conceden a la empresa, el monto total de las obras de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado, el costo de las becas y gastos de capacitación de los obreros y empleados de la armadora que se comprometió cubrir el Gobierno, las cláusulas rescisorias y penales en caso de incumplimiento; así como el impacto que representa esta erogación para las finanzas públicas; y se nos niega, una vez más, una copia del convenio que se suscribió entre las partes; pero en cambio nos proporciona una basta información que no solicitamos, y que consideramos como confidencial de General Motors. Para esto último, nos acompaña un ejemplar de un estudio de tendencias socioeconómicas que generará la construcción y operación de la GM, elaborado por el Tecnológico de Monterrey, que encarga y paga el gobierno marcelista. Otra vez se menospreció a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como responsable de este trabajo. Tuvieron que ser los de Monterrey los que subcontrataran a algunos especialistas de nuestra Casa de Estudios y de la Universidad Politécnica para que les ayudaran a sacar el estudio.

De este análisis podemos destacar lo más importante: se proyecta generar 2 mil 500 nuevos empleos directos en la planta. Una cifra muy distinta a la que presentó el gobernador del Estado a los potosinos radicados en la ciudad de Chicago, en su visita del pasado 28 de abril. En esa ocasión, su acompañante, el alcalde Jorge Lozano para responder a una pregunta expresa de uno de los miembros de los 12 clubes que asistieron a una comida organizada por el Gobierno, afirmó que General Motors generaría 7 mil 500 empleos directos; tras su intervención, el gobernador de los Santos, tomó la palabra para abundar en el punto; confirmó el dato de Lozano, y agregó que además serían 50 mil empleos indirectos los que generaría la planta. Es una falacia descomunal manejar esos números ante un auditorio que tuvo que emigrar porque en su país no tuvo la oportunidad de conseguir un trabajo bien remunerado; y en muchos casos ni siquiera mal pagado. Es una invitación dolosa a que regresen a su Estado con el cuento de que ahora si hay espacios de sobra para ocupar a miles de potosinos.

El estudio del Tec de Monterrey señala el rango de sueldos promedio de los 32 principales empleados de la GM, que van desde el director general -que no se especifica su ingreso- hasta directores, gerentes, superintendentes, contador general y jefaturas que oscilan entre $38,667.00 y $66,720.00. Las 206 plazas que siguen quedan con un ingreso bruto de $20,600.00 a $33,166.00. No hay información de lo que se les pagará a los 2262 obreros y empleados que no aparecen en los primeros niveles de importancia de la fábrica; pero es muy seguro que su sueldo y demás prestaciones sean muy parecidos a las de los obreros mejor remunerados de la zona industrial. No debemos perder de vista que la mayor productora de automóviles en el mundo, después de acumular pérdidas por 11 mil millones de dólares y despedir a 30 mil obreros, se instala en San Luis Potosí para rebajar al máximo sus costos de producción, y que según el estudio, cada unidad tendrá un costo para el fabricante de 5,600 dólares. Estas empresas pagan hasta ocho veces menos de lo que gana un obrero que realiza el mismo trabajo en Estados Unidos. Por lo pronto se han creado expectativas para que más de 27,071 estudiantes potosinos relacionados con la industria, puedan ocupar una de estas plazas. Unos cuantos conseguirán un empleo formal permanente; otros subsistirán en la economía informal o ilegal y muchos otros emigrarán a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

El estudio calcula erróneamente que la derrama fiscal de impuestos directamente administrados por el Estado sume 140 millones de pesos en cuatro años; seguramente que los autores de este análisis no tuvieron a la vista el convenio que celebró el Gobierno del Estado con la empresa, porque el principal ingreso fiscal, que es el Impuesto sobre la Nómina, y otros como el predial, licencias de construcción y cambio de uso de suelo, no ingresarán, porque ilegalmente se convino que GM estará exenta en el pago de estas contribuciones.

El impacto político electoral del 2006, que le sumó miles de votos a los candidatos del Partido Acción Nacional, y la exaltación de la imagen del gobernador han sido hasta ahora las utilidades más vistosas de esta inversión americana en San luis Potosí.

 

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