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De los Santos protectores de la Minera ¡Líbranos Señor! Eduardo Martínez Benavente Mayo 13, 2007.
Es evidente el interés del gobernador Marcelo de los Santos por descabezar al movimiento opositor a la Minera San Xavier. Desde hace más de un mes tiene injustamente encarcelado por amotinamiento al luchador social y activista de esta causa Pedro Rebolloso. Ahora cree que reprimiendo a sus dirigentes acabará con la resistencia organizada a ese proyecto depredador que se ha convertido en el foco rojo de mayor intensidad que padece su gobierno. Un asunto que ha trascendido a nivel nacional y lo ha colocado en el plano de las críticas más severas por parte de reconocidos intelectuales, artistas y ambientalistas del país. La prensa nacional se ocupa de este tema, más que de ninguno otro asunto del Estado. Que bueno que se sancione a los que grafitearon el palacio de Gobierno; pero que se les apliquen las sanciones que legalmente les corresponden por los daños causados, y no la desproporción de consignarlos por delitos que no cometieron como motín y asociación delictuosa, con lo que se pretende atemorizar a los estudiantes y padres de familia para que a cambio de su libertad incriminen a los líderes del movimiento: Ingeniero Mario Martínez Ramos, Doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara y al abogado Enrique Rivera Sierra, como los instigadores y autores intelectuales de sus desmanes; dirigentes que en una lucha desigual han demostrado su valor por los riesgos, golpes y amenazas que han tenido que soportar, congruencia por su trabajo de concienciar a los potosinos en la defensa del medio ambiente y preservación de nuestro patrimonio histórico; y honestidad por no entrar en negociación alguna con la trasnacional que dice haber invertido más de 80 millones de dólares hasta la fecha; y a la que no le resultaría improductivo destinar una mínima parte de esos recursos para comprar a las cabezas. Es falsa la postura del gobernador del Estado en su pretendida defensa de los edificios históricos de los potosinos, porque si fuera congruente, hubiera operado con la misma celeridad que lo hizo con los cinco estudiantes, para que se consignaran ante un juez penal a los directivos de la Minera San Xavier que ordenaron la demolición de la “Casa Guadalupe”, una finca del siglo XVIII, catalogada como monumento histórico de la Nación; no obstante que el Instituto Nacional de Antropología e Historia formalizó su denuncia ante la Procuraduría desde el 15 de enero de 2005. El INAH por esta conducta delictiva pudo haber clausurado los trabajos de la minera desde esa fecha, y detener así la destrucción de Cerro de San Pedro. En la misma línea de aplicación selectiva de la justicia, podemos citar el “congelamiento” de la demanda que existe en contra del director de la minera Jorge Mendizábal Acebo, por los delitos de lesiones, ataque peligroso, amenazas, daños y otros cometidos contra activistas opositores a la empresa, que fueron violentamente reprimidos en un acto de resistencia civil, como consta en el expediente 055/VI/06 que guarda la Procuraduría General de Justicia del Estado. La misma suerte tiene la demanda que presentaron Enrique Rivera Sierra y la activista Lorena Gil, por las lesiones y amenazas que sufrieron por parte de unos empleados de la minera que los atacaron en plena plaza de la cabecera municipal y que gozan de impunidad a pesar de que están identificados. Lamentamos la presencia del sacerdote Darío Martín Torres Sánchez, Secretario Canciller de la Curia de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, a la ceremonia de fundición de la primera barra de doreé que exhibió la minera el pasado 29 de marzo, el que asistió en representación del Arzobispo Luis Morales Reyes para avalar un proyecto nocivo para la salud, el medio ambiente y para nuestro patrimonio histórico y cultural. Don Luis sabe, que la mayoría de los potosinos rechazamos esa inversión. En esa ocasión el gobernador fue más prudente, ni asistió ni mando representante. El alcalde Jorge Lozano envió al Secretario General del Ayuntamiento a que ocupara su lugar en ese acto de provocación. El panista no entiende que lo que nos dejarán los canadienses dentro de 10 años será una montaña de desechos contaminados y un hoyo, como el del Estadio Azteca a 50 metros de la plaza principal; tampoco entiende lo que representa para nuestra comunidad el gasto criminal de 32 millones de litros de agua potable, la aplicación de 16 toneladas de cianuro, y entre 13 y 25 toneladas de explosivos que tienen que consumir diariamente para sus operaciones. La alcaldesa de Cerro de San Pedro también tiene facultades legales para suspender las operaciones de Minera San Xavier, como una medida que obligue a los evasores a que le paguen el adeudo que tienen con el municipio por más de 75 millones de pesos por concepto de impuestos por el cambio de uso de suelo de más de 373 hectáreas en las que desarrolla su proyecto. Estamos esperando desde hace casi un año que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que anuló el permiso anterior, de una respuesta a nuestro favor en el recurso que se presentó en contra de la nueva autorización para operar, que arbitrariamente le otorgó la SEMARNAT a la minera. Estamos seguros que el máximo tribunal judicial del país cancelará una vez más y para siempre la autorización del gobierno federal, confirmando, como en su sentencia anterior, que no debió darse ni siquiera en forma condicionada. Esta demora puede deberse al estudio de los riesgos en que puede incurrir el gobierno mexicano por una demanda millonaria en su contra por parte de la minera ante los tribunales internacionales del Tratado de Libre Comercio, ahora que ordene su extinción. Demanda que no procedería porque MSX, sabía que la viabilidad de su empresa estaba condicionada y en suspenso desde 1999, al resultado final de litigio que tiene contra los grupos ambientalistas; y bajo estas condiciones de incertidumbre se atrevió a seguir con la obra, en lugar de esperarse a que se dictara sentencia definitiva.
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