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Borrando nuestra Historia

Segunda y última parte

Eduardo Martínez Benavente

Noviembre 11, 2007.

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In Memoriam de la Dra. Beatriz Septién de Barri, Defensora de nuestro ambiente y de nuestro patrimonio histórico y cultural

 

Nadie duda que el gobernador Marcelo de los Santos debe estar agobiado de problemas por los recientes crímenes que han conmocionado a la sociedad, por el clima de inseguridad que se respira, por el incumplimiento de la federación para aportar los recursos que se comprometió entregar para reparar los daños causados por las últimas lluvias, por la indisciplina que raya en insubordinación de los cuerpos policíacos, por la carga que representa rescatar al alcalde capitalino de los conflictos que no endereza, y por muchos otros apuros más; pero debería estar también muy preocupado por la destrucción del Cerro de San Pedro, símbolo de nuestra identidad y parte de nuestra cultura e historia.

Para evitar esto, hay que recordarle que cuenta con los instrumentos legales necesarios para detener la desaparición de nuestro patrimonio, pues debe estar enterado que el 25 de junio pasado, el Secretario General del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, para dar cumplimiento a la solicitud de información que presentó un ciudadano, hizo constar que esa administración municipal no ha otorgado ni renovado permiso alguno de cambio de uso de suelo a favor de Minera San Xavier después de la fecha en que la Secretaría del Medio Ambiente canceló y dejó sin efectos la autorización anterior en materia de impacto ambiental; pero que contraviniendo el fallo judicial le otorgó un nuevo permiso con menos condicionantes que el primero, no obstante que se le ordenaba que bajo ningún motivo lo hiciera. Lo mismo ocurre con el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en el que está asentada una superficie de más de 136 hectáreas de las que ocupa el proyecto. El 30 de septiembre de 2005, el cabildo tomó por unanimidad el acuerdo de negarle a la minera los permisos de cambio de uso de suelo que le había solicitado “por los graves daños ecológicos que causaría a nuestro municipio y a los habitantes de los alrededores”. Son tan sólidos los argumentos que están a disposición del gobernador del Estado, que como medida preventiva debe ordenar la detención de la demolición del Cerro de San Pedro, antes que sea demasiado tarde. La urgencia del caso amerita su intervención inmediata, pues sabe que sin esos permisos no debe operar la minera, y que si nos esperamos sentados a que se resuelva judicialmente el último recurso interpuesto, el cerro habrá desaparecido.

En diciembre de 1998, la Comisión que designó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para revisar el proyecto de la Minera San Xavier, integrada por distinguidos maestros e investigadores universitarios, emitió una opinión técnica científica sobre los componentes ambientales del proyecto; en su dictamen no incluyeron aspectos de sostenibilidad económica, social, cultural, histórica; en fin, elementos muy importantes quedaron fuera del estudio. Por lo que ahora sería de mucha utilidad que la Universidad volviera a intervenir para revisar el cumplimiento de las condicionantes y obligaciones impuestas a esa empresa; y dada la gravedad del asunto, opinar sobre las otras materias que en aquella ocasión no le quiso entrar. Esto, dado el fracaso y la irresponsabilidad del comité ad hoc que nunca sesiona, y que se designó el 4 de mayo de 2000 para darle seguimiento a los compromisos y acuerdos que se establecieron, entre los que figuraban representantes de las autoridades gubernamentales, miembros de la Cámara Minera, pero también simples ciudadanos. En el documento firmaron como testigos de honor, entre otros, Monseñor Luis Morales Reyes, Jaime Valle Mendez, Humberto Pizzuto Braham y Ricardo Lozano Armengol. A ellos le correspondería también verificar si el convenio que avalaron con su prestigio se está cumpliendo. Que nos se nos olvide que la Universidad tiene entre sus misiones la de participar en la aportación de propuestas que coadyuven a solucionar problemas que impactan directamente a nuestra comunidad, como es el caso de la minera.

En este espacio faltan por analizar muchos otros incumplimientos de la empresa, como es el gasto inmoderado de agua potable; la negativa de algunos vecinos de la cabecera municipal para que opere la empresa, hay que recordarles que la autorización quedó condicionada a la aceptación social de la actividad. La Licencia de Uso de Suelo que le otorgó el gobierno de Fernando Silva Nieto, el 4 de mayo de 2000, la obligaba a obtener otras licencias municipales, como las que se mencionan al principio de este artículo; y a no iniciar actividades hasta que hubiera estabilizado el templo de San Pedro Apóstol, por el riesgo inminente de que colapse. Lo que no han cumplido los canadienses.

Son más de una docena de demandas, que sin cobro de honorarios, atiende el abogado Héctor Barri, en contra de la minera. La más importante es la que ganó Pro San Luis Ecológico, en la que se declaró la nulidad absoluta y definitiva de la autorización que el gobierno federal le había otorgado, toda vez que por ejecutoria de un tribunal colegiado de circuito se declaró que dicho proyecto es violatorio de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de otros ordenamientos; motivo por el cual debe ser defendida porque es cosa juzgada, a pesar de la inobservancia e incumplimiento por parte de Semarnat, que si bien canceló los permisos anteriores, en un acto extremo de ilegalidad se atrevió a darle una nueva autorización que es con la que actualmente funciona, pero que no se apega a lo resuelto por los tribunales. Se presentó un recurso de queja contra este atropello que se declaró improcedente y se ordenó se instruyera como juicio de nulidad. Se inconformó la promoverte y presentó una demanda de amparo que está pendiente de resolver.

Que quede claro, ante tanta arbitrariedad y contubernio de las autoridades, quedan plenamente justificadas las acciones que pronto emprenderán los grupos ambientalistas. ¡Apóyalos!

 

VISOR DE TRANSPARENCIA

  

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