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Rebasando con la General Motors Eduardo Martínez Benavente Octubre 21, 2007.
Cuando General Motors se prestó a que el
presidente Vicente Fox inaugurara los trabajos para la construcción
de su planta en San Luis Potosí, sabía que con ese evento fortalecía
a los candidatos del PAN y contribuía al rompimiento de la tregua
electoral impuesta por el Instituto Federal Electoral, en la que se
instruía a los gobernantes que se abstuvieran de realizar
actividades de esa naturaleza que impactaban en el ánimo de los
electores; bien podían haberse esperado tres semanas a que
transcurriera la jornada electoral e inmediatamente después iniciar
su obra. Pero no, estaban tan agradecidos y comprometidos con Fox y
el gobernador Marcelo de los Santos por los apoyos y subsidios que
habían recibido, que tenían que complacerlos, y no les importó
cargarse de esa manera con el candidato panista a la presidencia de
la República. Creo que la mayoría de los potosinos coincidimos en que la gestión más relevante de la administración marcelista es haber conseguido que la armadora de vehículos se instalara en San Luis Potosí. Reconocemos los beneficios que esta inversión representa para el Estado; y sabemos de la descomunal competencia que existe, primero, entre países tercermundistas que se pelean estos capitales, y después, entre regiones o estados, como ocurrió en México. Atraer estas inversiones se ha convertido en una subasta sin reglas ni límites en la que el que puja y ofrece más se queda con el proyecto, sin importar, como en el caso de San Luis Potosí, que se hayan violentado leyes y presupuestos para lograr ese objetivo. Es muy probable que ninguno de los otros mega proyectos que se anuncian, como la construcción de la presa El Realito, sus ductos y plantas potabilizadoras; la nueva vía de Ciudad Valles a Río Verde; o el tramo que se va a concesionar de Cerritos a Tula, Tamaulipas, se concreten en su sexenio; por eso la planta de General Motors que iniciará actividades el próximo año, representa tanto para el gobernador. El vínculo de General Motors con Vicente Fox no es nuevo, se originó cuando éste era gobernador de Guanajuato. El 27 de junio de 1995 puso en marcha la producción formal de vehículos de la ensambladora de Silao; lo que le facilitó que la nueva inversión se quedara en México, y animara al gobernador de los Santos que entrara a la competencia con otros estados para que se plantara en territorio potosino. Los beneficios y subsidios que ha recibido la empresa por parte del Estado y la federación bien pueden alcanzar la cifra de 800 millones de pesos; suma que no se ha podido precisar porque siguen ocultando información que por su naturaleza debería ser pública: como el total de los estímulos y exenciones fiscales que se le concedieron; el costo de las becas y gastos de capacitación de empleados que se comprometió a cubrir el Gobierno del Estado; y lo más importante, el convenio que celebró con la empresa americana. General Motors supo agradecerle a Fox los favores recibidos, y ahora, en medio de su exhibicionismo nos enteramos que GM puso a su disposición una camioneta Hummer, con un valor de 70 mil dólares, mediante un contrato de comodato que celebró con el Estado Mayor Presidencial, que intenta justificar con el argumento de que es “para el uso de actividades de seguridad del ex presidente Fox”, como si de la trasnacional dependiera su seguridad personal. Para los efectos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se considera que todo funcionario es propietario de los bienes que ostenta y utiliza, como es el caso. La camioneta y el lujo ostentoso de su rancho son una prueba de los indicios de una riqueza que no concuerda con sus ingresos como servidos público. El convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) obliga a prevenir, detectar y sancionar a los gobiernos, empresas y a la sociedad civil de las naciones firmantes, -entre las que se encuentran México y Estados Unidos- que en transacciones comerciales internacionales, den o prometan gratificaciones a un servidor público extranjero. Este convenio establece penas a las empresas que prometan u otorguen pagos a oficiales extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. En este caso, GM publicita sus unidades cuando las maneja Fox, obteniendo de esta manera un beneficio económico. Lo que sigue, es investigar si las actuaciones de la General Motors en México están encuadradas en estos ilícitos; por lo pronto, Felipe Calderón ya ordenó la devolución del vehículo a sus dueños, porque sabe como abogado que es, que los que incurren en estas conductas se les castiga con la privación de su libertad.
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