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Siguen las vacas flacas Primera parte Eduardo Martínez Benavente Agosto 31, 2008.
El gobierno que reemplace al de Marcelo de los Santos estará obligado a tomar medidas radicales de austeridad para sanear las finanzas que heredará del contador público. El candidato más idóneo para sucederlo, bajo tales circunstancias, sería sin duda alguna el senador Alejandro Zapata Perogordo, si es que todavía sus presunciones económicas y adicción al ahorro honran aquella anécdota que le adjudican, en la que alguien le preguntaba que qué hacía con sus trajes viejos -con la intención de que se los regalara- y el panista con toda franqueza le respondía: “me los vuelvo a poner”. Ya en serio. Es tan grave el asunto del tamaño y vencimientos de los pasivos y obligaciones que pesan sobre la hacienda pública, que conservadoramente los podemos calcular en más de 7 mil millones de pesos, por lo que el próximo gobernador se verá obligado a reducir drásticamente la partida presupuestal destinada a obra pública, y a despedir a cientos de burócratas, como medidas inmediatas para intentar salir de la irresponsable deuda en la que nos han metido. No se vislumbra ningún panorama alentador para la siguiente administración, finalmente la capital del Estado caminará al mismo ritmo de desarrollo que el resto de los municipios: el estancamiento económico por la falta de inversiones, obras y empleos que los caracterizan. Los fondos y participaciones federales se verán severamente mermados, una vez que se apruebe la reforma energética, porque una buena parte de los recursos que se le extraen a PEMEX para los estados, ahora se destinarán a la construcción de refinerías y otras inversiones productivas del organismo. La recaudación local, si bien nos va, se mantendrá en los mismos niveles de los últimos ejercicios, esto es: menos del 8 por ciento de los ingresos. Llegó la hora en la que se tendrá que pagar tanto derroche y tanta desmesura en el gasto público. Las obras y adquisiciones suntuosas, caras, improductivas, innecesarias, y no prioritarias con las que se dilapidó nuestro patrimonio, así como el descontrol de los pasivos gubernamentales, finalmente tendrán su costo, y éste será la parálisis económica del Gobierno del Estado. El enriquecimiento ilegal o por lo menos inexplicable de algunos contratistas y proveedores de bienes y servicios, así como el de dos o tres altos funcionarios del Gobierno, que se está documentando, contribuyeron también a la debacle de las finanzas públicas. Hicieron crisis las contradicciones y desacatos del Secretario de Finanzas, Joel Azuara, por su negativa a transparentar todo lo relacionado con los pasivos del Gobierno del Estado, y aún así, conseguimos que se revelara parte de la información solicitada para demostrar que el gobierno marcelista atraviesa un período de insolvencia; y lo peor de todo es que no instrumenta medida alguna para corregirse. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información iniciará el proceso para aplicarle al contador Azuara las sanciones que le corresponden por sus ocultamientos, pues al mismo tiempo que argumentaba que el listado de proveedores y acreedores que se le requería no se podía revelar porque era información reservada; los nombres y montos de éstos, se encontraban a disposición de cualquier interesado en la página oficial de la Secretaría de Finanzas en Internet www.slpfinanzas.gob.mx, en el apartado ITDIF 2008, en el icono de “Rendición de Cuentas”, en el punto número 6 “Pasivo al 21 de diciembre de 2007”. Difícil de acceder, pero ahí estaba. No sabemos si los agrego hasta que se lo ordenó la CEGAIP o si ya existían en ese lugar. El caso es que sigue omitiendo los conceptos de las adquisiciones de los bienes y servicios de los proveedores y acreedores del Gobierno del Estado, no distingue entre unos y otros, -como si no fuera perito en la materia- y mezcla dependencias y entidades con organismos, para finalmente sumarle, en un solo renglón, otros mil 806 millones de pesos a los pasivos de los organismos descentralizados, que ni desglosa ni explica. Su objetivo es cansar a los solicitantes para que abandonen sus peticiones. Ocultar la información que se le solicita y confundir a los interesados en estos temas; como se exhibe cuando declara ante los medios de comunicación. Sus declaraciones son ininteligibles y absurdas. La sintaxis no se le da. No sabe cómo combinar y relacionar las palabras para formar oraciones. Un ejemplo de lo anterior es la entrevista que se publicó en “La Jornada San Luis”, el pasado 25 de agosto, en la que intenta desmentir que el Gobierno del Estado tenga un adeudo con la Dirección de Pensiones por 313 millones de pesos al 31 de diciembre de 2007, que son los números que su propio informe oficial reporta. Declara textualmente: “Ahorita en adeudos nosotros estaremos en pensiones, cuando mucho, unos tres millones, digo, y no adeudo, ahorita te podría decir si tu me dices que se adeuda pensiones, te podría decir que nada”. Si Héctor Mayorga, Auditor Superior del Estado, no fuera un encubridor de los ilícitos de las cuentas públicas del Gobierno del Estado, con especial cuidado hubiera auditado sus pasivos, y denunciado, entre otros asuntos que trataremos de exponer en las siguientes entregas, que el adeudo que se tenía con la Dirección de Pensiones, al último día del 2007 no se justificaba y su monto se elevaba a la cifra de $312,837,451.63, que por cierto no fue reportado en el informe de la Cuenta Pública 2007 entregada al Congreso del Estado. No sabemos si ese saldo se mantuvo en esos niveles durante todo el 2007, pues de ser así, se hubieran generado intereses a favor de Pensiones por más de 20 millones de pesos. Lo peor del caso es que hace poco más de tres años se contrajo un ilegal préstamo bancario por más de 260 millones de pesos para pagar lo que por este concepto debía la administración de Fernando Silva Nieto. El pago no se hizo, y se desvió el dinero a otro objetivo. Se requiere de una investigación seria para determinar quién dispuso de esos recursos.
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