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"El Consejo soy yo"

Eduardo Martínez Benavente

Junio 22, 2008.

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El presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Rodolfo Aguilar Gallegos, intentó justificar -a través de un desplegado que publicó el pasado 17 de junio en todos los diarios locales- las observaciones que no pudo solventarle a los auditores, no obstante la oportunidad que tuvo para hacerlo dentro del proceso de revisión, y que resultaron de la auditoría que se le practicó a su cuenta pública del 2007. Se trata de una inserción pagada sin el logotipo del Consejo y sin la firma o el acuerdo del resto de los consejeros, en el que replica algunas de las irregularidades que reveló a sus lectores la periodista Adriana Ochoa en su columna del domingo pasado. Con anterioridad habían tratado de ocultarle 20 de las 22 observaciones no aclaradas, pues el informe final que presentó el auditor Héctor Mayorga al Congreso del Estado quedó reducido a sólo dos observaciones que suman $1,316,721.00, en lugar de los más de 10 millones de pesos de quebrantos financieros que le resultaron. Y con todo y esto, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado dictaminó el pasado 10 de junio, en su considerando tercero “…que en el manejo y comprobación de los recursos y caudales estatales se actuó de manera irregular, acreditándose lo dicho con las inconsistencias notificadas…”

En un principio se le habían fincado 37 observaciones cuantitativas, de las cuales le borraron 15 que a juicio de los auditores quedaban aclaradas. El ocultamiento de los ilícitos de la cuenta pública de Aguilar Gallegos fracasó porque un grupo de indignados auditores no lo permitió al filtrar a “Pulso” el trabajo que habían realizado algunos de sus compañeros, y aún así el auditor Mayorga falseó y minimizó las irregularidades detectadas en las finanzas del organismo electoral. Durante el ejercicio 2007, en el que no hubo elecciones, le ingresaron $53,888,108.05, sin considerar los más de 6 millones y medio de participaciones que el Gobierno del Estado no le cubrió en ese ejercicio, quizás porque no los necesitaba, pues sus gastos quedaron en menos de 44 millones de pesos, resultando un sobrante de $10,044,910.35 y no de $8,646,242.27 como dolosamente reporta Mayorga. Todo esto a pesar de que el Congreso del Estado sólo le autorizó un presupuesto de $39,147,800.00. No hay constancia alguna de que el Comité Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado le haya autorizado incrementos en su presupuesto; como tampoco existe partida presupuestal autorizada para la construcción de su edificio. En el balance general al 31 de diciembre se reportó un gasto por $3,848,039.99, correspondiente a la construcción del edificio sede, que no fue auditado.
Del trabajo de fiscalización podemos destacar también que Aguilar sólo reintegró una parte de los remanentes de ese y de los ejercicios anteriores, que tenía que haber devuelto a la Secretaría de Finanzas a más tardar el 31 de enero de 2008, como tampoco devolvió los más de un millón 394 mil pesos que le ingresaron por concepto de intereses bancarios, y que de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, debía entregar a esta misma Secretaría y no quedarse con ellos. Esto último no fue detectado por los auditores. Ni Aguilar ni la Auditoría detallan el origen de $1,394,434.62 que aparece con el rubro de “otros ingresos” en el informe financiero del 31 de diciembre de 2007. El presidente del Consejo argumentó en su desplegado que los excedentes se destinaron a hacer frente a pasivos laborales, entre otros gastos. Lo que es absolutamente falso porque en el balance general al 30 de septiembre de 2007 disponía de un fondo de más de 5 millones 400 mil pesos para esas contingencias. En el balance al 31 de diciembre de 2007, el fondo que serviría para liquidar trabajadores se redujo inexplicablemente a $1,679,269.59. Sería muy ilustrativo que nos proporcionara la lista de empleados que despidió y el monto de sus liquidaciones para justificar ese egreso. Miente también cuando asegura que tomó de los remanentes para fiscalizar a los partidos y agrupaciones políticas, cuando es inocultable su resistencia y rechazo para revisar sus cuentas.

Otra cifra que no les cuadra es el millón 209 mil pesos que durante el ejercicio 2007 se repartió entre los ocho consejeros suplentes, lo que a juicio de la ASE se consideró como un pago improcedente, porque a éstos únicamente se les podía retribuir cuando suplieran las faltas temporales o absolutas de los propietarios, y en el orden que ocupan en la lista que fueron electos. La cantidad anterior no corresponde al total de lo erogado por este concepto durante el 2007, porque si cada uno de los ocho suplentes recibía al mes $17,000.00, la suma observada debería ser de $1,632,000.00. De esta manera se están ocultando $423,000.00 que sólo Aguilar sabe dónde quedaron. A esta observación no solventada habría que agregarle otros $24,000.00 por concepto de aguinaldos. A cada consejero, sin importar si era propietario o suplente les obsequió la espléndida cantidad de tres mil pesos para que se ayudaran con los gastos navideños, mientras el voraz presidente recibía $118,000.00 de aguinaldo. Es falso que erogó la suma de $57,500.00 para el mantenimiento y reparación de las urnas electrónicas, como lo manifiesta en el desplegado, pues en el informe financiero del organismo aparece una cifra distinta: $92,650.00, que cualquiera puede consultar. Sería muy revelador que nos aclarara, si es que puede, la asignación de $1,261,000.00 que reporta el presupuesto de egresos del 2005 para el mantenimiento de las urnas, cuando el valor de las 11 que se fabricaron apenas superó los dos millones 600 mil pesos. Su predilección por el PAN quedó más que manifiesta al apoyar con $16,200.00 a los alcaldes panistas para sus viáticos. En las hojas de trabajo de los auditores se hace constar que Aguilar no presentó en este caso documentación solventatoria alguna. Pero Mayorga si supo cómo solventarla: borrándola de su informe final.

 

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