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La dedicatoria

[Lomelí Robles] se caracterizó por ser un funcionario obsequioso con el Gobernador del Estado"

Eduardo Martínez Benavente

Junio 8, 2008.

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El Congreso del Estado reformó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado el pasado 17 de abril, un día antes de que ésta entrara en vigor, para evitar que el abogado Walter Sthal Leija, comisionado numerario de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, llegara a ocupar la presidencia del organismo. Los legisladores acomodaron con especial dedicatoria este ordenamiento, de tal manera que se les arrebató a los comisionados la facultad que tenían para elegir de entre ellos mismos a quien deba presidir a esta institución encargada de garantizar a los ciudadanos el derecho a la información gubernamental, violentando así el ejercicio efectivo de su autonomía constitucional; por lo que de ahora en adelante su presidente será electo cada dos años, por cuando menos el voto de las dos terceras partes de los diputados que asistan a esa sesión. Es una mezquindad legislar con dedicatoria para perjudicar o beneficiar a una determinada persona, como es el caso concreto que nos ocupa. Aún así, su estrategia de exclusión no les resultó, se les revirtió a los diputados, porque se les vino el tiempo encima y se les olvidó elegir al Comisionado Presidente antes de que se venciera la fecha de treinta días hábiles que ellos mismo se fijaron en el artículo tercero transitorio del decreto modificatorio que se publicó el pasado 18 de abril. Esto es, que el sustituto de José Eduardo Lomelí Robles debía estar electo a más tardar el pasado 3 de junio, aunque tomara posesión de su cargo hasta el 27 del mismo mes en que concluye su gestión. En este caso, la elección sólo podía recaer entre los otros dos únicos comisionados numerarios que en esos días estaban en funciones: Wal¬ter Stahl o el maestro Jaime Humberto Serrones, y éste tendría que excusarse porque su trabajo, en razón de las nuevas reglas del escalonamiento, concluye el 27 de junio de 2009, un año antes de que venciera el término de su nombramiento. De tal manera que el único elegible para ocupar la presidencia sería Walter Stahl, porque su encargo termina hasta dentro de dos años. Los dipu¬tados deben estar conscientes que violaron la Ley, y que son sujetos de juicio político por su irresponsabilidad, independientemente de los trastornos jurídicos que provocará la elección viciada de origen del nuevo presidente que quedará marcado durante toda su gestión como ilegítimo, y vulnerable a las descalificaciones de los peticionarios de información que se inconformen. Pero las cosas no quedaron ahí, quisieron corregir, y se equivocaron porque ni siquiera con la torpe y clandestina, modificación que volvieron hacerle el pasado jueves al artículo tercero transitorio de la Ley de Transparencia, ampliando el plazo hasta el 27 de junio para elegir al Presidente Comisionado, arreglaron su pifia, porque tal nombramiento seguirá siendo ilegal y extemporáneo, pues la modificación a la Ley, en todo caso debió realizarse antes del 3 de junio.

Está a punto de concluir el período de Lomelí Robles, se va el empresario de la industria mezcalera que sin ningún mérito ni noción del derecho ocupó esa responsabilidad, tan sólo para satisfacer la cuota de poder que le exigen al Gobierno los organismos empresariales; egresado como contador del Tecnológico de Monterrey incurrió en innumerables errores e intrigas, como haber exhibido públicamente las fallas de sus pares, y no haber defendido la autonomía del organismo. El empresario se caracterizó por haber sido un servidor público obsequioso con el Gobernador del Estado, que consintió, entre otros muchos asuntos, que los beneficiarios de los estímulos fiscales que otorga discrecionalmente el Gobierno del Estado al margen de la ley, no se dieran a conocer, aceptó que se clasificara como reservada la información de los Invernaderos de Santa Rita; no se atrevió ordenarle al Gobierno que entregara una copia del ilegal convenio que celebró con la General Motors para que la ensambladura se instalara en San Luis Potosí. Lomelí Robles se va con más pena que con gloria, y con el agravante de que no protestó la reforma en la que se despojó a la CEGAIP de su derecho de nombrar a su presidente. Ahora impulsa para que lo sustituya en el cargo a su Secretaria Ejecutiva, la abogada Rosa María Motilla García, a la que le delegó del día 6 al 16 de mayo pasado la representación legal de la Comisión, otorgándole facultades indelegables como celebrar los actos inherentes al objeto del organismo, así como a suscribir los acuerdos, autos de registro, oficios de turno, y todo documento necesario para la tramitación de los medios de impugnación relativos a la Ponencia del comisionado Lomelí. Las normas de la Cegaip disponen que es a! Pleno a quien corresponde señalar al Comisionado que deberá suplir al Presidente en sus faltas temporales. Quién sabe si la empleada de la Cegaip se atrevió a despachar alguno de los asuntos que le encomendaron, pero si fue así queda inhabilitada para ocupar la vacante. La actuación de Lomelí Robles no nos extraña, finalmente su perfil de hombre de negocios lo obliga a actuar como si el organismo fuera una más de sus empresas.

Para sustituirlo se registraron 45 candidatos, de los que sólo uno, el mejor, debería acceder al cargo por oposición. Vamos a ver cómo algunos de los solicitantes con más méritos y experiencia en la materia no serán considerados en la evaluación porque de lo que se trata es de colocar en ese lugar a alguien que no le origine conflictos al gobierno, como bien podría caber la ex diputada panista Gloria Rosillo izquierdo, o alguna otra de las burócratas de la Comisión que se apuntaron para ese apetitoso puesto que les asegura ingresos anuales por más de un millón de pesos, o la abogada Silvia Arellano Vázquez, Directora Generalde Coordinación Hacendaría, y responsable de la Unidad de Información Pública de la Secretaría de Finanzas. Toda indica que la plaza será para una mujer, y que seguramente ya se negoció entre los panistas y el Gobierno del Estado.

 

 

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