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¡No nos rendiremos! Eduardo Martínez Benavente Octubre 12, 2008.
Es desalentador para los peticionarios de
información pública gubernamental, que a 168 días de que solicité a
la Secretaría de Finanzas el “Nombre o denominación de todos los
proveedores y acreedores que tiene el Gobierno del Estado de San
Luis Potosí al 31 de diciembre de 2007, así como el monto y concepto
(bien o servicio adquirido) de cada uno de estos pasivos”, los
integrantes de la CEGAIP no hayan sido capaces de interpretar los
datos que debieron proporcionarme y, en cambio, exhiban tal
incapacidad para la lectura que resulta verdaderamente sorprendente
que se ostenten como garantes del derecho de acceso a la información
pública. La solicitud de información la presenté ante la Secretaría de Finanzas el 25 de abril y ante una respuesta incompleta y una clasificación como reservada de la información por parte de la dependencia, presenté la queja ante esa Comisión el 28 de mayo. A pesar de que en su resolución de fecha 9 de julio, la CEGAIP ordenó a la Secretaría de Finanzas la entrega de la información por tratarse de datos que deben difundirse de oficio, y en consecuencia no se pueden clasificar como reservados, la dependencia se limitó a subir a su página Web, el 15 de agosto, un listado de proveedores y acreedores con saldos al 31 de diciembre de 2007, muy fuera del plazo que esa Comisión le dio para que cumpliera con la resolución. El 18 de agosto presenté comunicado a esa Comisión para hacer ver la inconsistencia de la información proporcionada, vía página Web, por la Secretaría de Finanzas, además de que no se dio cuenta de los conceptos de cada uno de los pasivos. Hasta este 9 de octubre, sorprendentemente, me notifican que el 20 de agosto acordaron instruir a la Secretaría de Finanzas para “proporcionar al C. Eduardo Martínez Benavente, el nombre y/o denominación de todos los proveedores y acreedores que tiene Gobierno del Estado”. ¿Y los conceptos de los adeudos? ¿Y las inconsistencias que hice ver en mis escritos anteriores? ¿Qué leen y qué son incapaces de leer? Los 34 días hábiles para notificarme un acuerdo sobre información que no me fue proporcionada sin que en ella se atienda a mi señalamiento del faltante de información son más que una burla para la disposición constitucional que garantiza este derecho. O que expliquen los comisionados qué lectura le dan a esta disposición. Mi solicitud dice: “Nombre o denominación de todos los proveedores y acreedores que tiene el Gobierno del Estado de San Luis Potosí al 31 de diciembre de 2007, así como el monto y concepto (bien o servicio adquirido) de cada uno de estos pasivos”. ¿Porqué se limitan a ordenar que se me de a conocer sólo nombre y denominación de los proveedores y acreedores? La fracción IV del artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece que al sujeto obligado que “no cumpla de manera expedita las resoluciones de la CEGAIP, para liberar información en los términos y condiciones que establece esta Ley, será sancionado con multa de quinientos a mil días de salario mínimo vigente en el Estado”. El 11 de agosto se le venció el plazo a la Secretaría de Finanzas para cumplir la orden de entregar la información, han pasado 177 días, medio año, ¿y la sanción?
El derecho de acceso a la información pública es
de todos los potosinos y se contrapone al afán de opacidad de
autoridades irresponsables que resultan incapaces de rendir cuentas
porque las cuentas no les salen. Señores comisionados, eviten ser
cómplices de la corrupción que se esconde en la opacidad y recuerden
que la legitimidad de la función pública se construye día a día
ejerciendo la razón de ser del cargo que se ocupa. Resulta
lamentable que, en el caso aquí expuesto y que no es el único, sus
determinaciones se caractericen por actuar en contra del derecho de
acceso a la información pública. Peor aún, que hoy que la CEGAIP
cuenta con tres abogados como comisionados ignoren los principios
establecidos en el artículo 6º constitucional, el 17 bis de la
Constitución local y el capítulo de principios de la Ley de
Transparencia. Inaceptable incapacidad de lectura. No quisiera ni pensar que sus arbitrarias resoluciones tuvieran algo que ver con su interés para que el contador Joel Azuara, encargado de las finanzas públicas, les autorice el incremento presupuestal que le han solicitado.
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VISOR DE TRANSPARENCIA
6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
Lista obtenida a través de solicitudes de información
Usuarios de Leyes de Transparencia
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