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Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto Pudo pedir 2,140 mdp, se limitó a 1,500 mdp Posponen aprobación de nuevo endeudamiento para simular legalidad José Victoriano Martínez Guzmán / Agosto 3, 2009. Al contador no le salieron las cuentas y al final... no completó. La solución fue fácil: solicitar la autorización de un crédito simple hasta por la cantidad de mil 500 millones de pesos a un plazo de 20 años. Total, la Ley de Deuda Pública le permitía agregar al endeudamiento reconocido como tal hasta 2 mil 140 millones de pesos más. Benévolo, el Contador Marcelo de los Santos Fraga, gobernador del Estado, se limitó a pedir mil 500 millones de pesos nada más. Si a su sucesor se le ocurre una salida similar a las penurias en que deja la administración pública, todavía tendrá la posibilidad de pedir un nuevo crédito para llevar al tope la deuda que la ley reconoce como tal, sólo que su máximo podrá ser de poco más de 640 millones de pesos. A Fernando Toranzo Fernández, gobernador electo, parece que lo único que le preocupó fue señalar que su antecesor no fue previsor y se vio obligado a llevar el endeudamiento público al límite. Que se tape la imprevisión por una ruta que no respeta lo que establece la Constitución y las leyes al adquirir una deuda avalada por un Poder Legislativo sumiso, pareció no ser preocupación de Toranzo Fernández. El caso es que la aprobación del nuevo endeudamiento es una historia de negociaciones ocultas, cargadas de simulación pública, en la que la transparencia resulta un estorbo para sus actores. Al inaugurar este día el Periodo Extraordinario de Sesiones de Congreso del Estado, finalmente se pudo conocer el dictamen de las comisiones de Hacienda del Estado y de Gobernación, mediante el que se autoriza al gobernador para la adquisición de la nueva deuda. El juego de fechas en el dictamen revela parte de la simulación: les fue turnado por la Diputación Permanente en la sesión del 30 de julio y el dictamen fue "dado en la sala "Jaime Nunó" del Congreso del Estado a los treinta días del mes de julio de dos mil nueve". Sin embargo, dos días antes los diputados ya jugaban a las escondidas para negociar la forma en que habrán de aprobar la autorización del nuevo adeudo. Ahora, muy formales y escrupulosamente respetuosos de la legalidad, los diputados prefirieron postergar la aprobación para el próximo miércoles, para cumplir con el requisito de que la Gaceta Parlamentaria circule con 48 horas de anticipación a la sesión en la que habrán de aprobarse los dictámenes que en ella se incluyen. Los rumores en el Congreso del Estado hablan de otra razón: "quieren comprar la unanimidad y aún hay diputados que no han dado el sí".
El dictamen Al reproducir el texto de la iniciativa de decreto presentada por el Ejecutivo, en el dictamen se puede apreciar que la deuda que se pretende adquirir será utilizada para pagar lo que no les alcanzó a cubrir de la obra pública programada para el cierre del ejercicio del sexenio. "El avance físico financiero promedio de dichas obras actualmente se encuentra de la siguiente manera: Avance físico 57.3%, avance financiero 59.6%, lo que representa un desfase presupuestal y financiero del orden de $1,895'624,943 monto que no representa un subejercicio del gasto, sino que es consecuencia del impacto de la recesión económica a nivel nacional. "Es importante considerar que actualmente las Finanzas Públicas del Estado se encuentran en una situación financiera atípica, a consecuencia de la recesión económica en el país y en el mundo, que ha impedido que se logre el cumplimiento del Programa de Inversión Pública aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado del año 2009 por el Congreso del Estado. Ante esta carencia de liquidez, es evidente la existencia de la emergencia financiera que puede colapsar la actividad de la Administración Pública Estatal y Municipal en sus ejes rectores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, situación que nos ubica en los supuestos señalados por las fracciones I y VI del artículo 8° de la Ley de Deuda Pública del Estado de San Luis Potosí y en correlación con el párrafo segundo de la fracción VIII del articulo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Precisamente, el crédito que se pretende contratar, tiene por objeto hacer frente a esas obligaciones financieras que han generado acciones de inversión pública productivas, que se estiman a la conclusión de esta Administración Estatal; es decir, se trata de la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de $1,500 millones de pesos (que corresponden al 6.59 por ciento del total de ingresos establecido en la Ley de Ingresos del ejercicio 2009), más los accesorios financieros, esencialmente en los términos y condiciones siguientes: "• El plazo de pago para este crédito que se solicita es de 20 años. "• El crédito se destinará a cumplir con las obligaciones financieras que tiene el Estado como consecuencia de la inversión pública productiva realizada, y que deberá cubrir antes del término de la presente administración". En esa argumentación resalta la fundamentación en las fracciones I y VI del artículo 8o. de la Ley de Deuda Publica, que dice: "Las obligaciones financieras comprendidas en la deuda pública invariablemente destinadas a inversiones públicas productivas, entendiéndose como tales las que se destinen a: "I. La construcción de obras públicas; "... "VI. Las que atiendan situaciones de emergencia o desastre:.." Si la emergencia o desastre es que por la falta de previsión del Ejecutivo hoy se "puede colapsar la actividad de la Administración Pública Estatal y Municipal en sus ejes rectores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo", ¿no habría necesidad, en sus propios supuestos, de que la aprobación de la nueva deuda estuviera acompañada por el fincamiento de responsabilidades?
Endeudamiento ilegal Sergio García Basauri, ex diputado y a nombre de la agrupación Sufragio Efectivo, distribuyó ayer un documento en el que presenta argumentos para señalar que la aprobación de la deuda por mil 500 millones de pesos resulta inconstitucional. "Resulta inconstitucional la propuesta del ejecutivo del estado, y en su caso la aprobación del legislativo, la cual se combatiría con juicios de amparo con las consecuentes responsabilidades penales y se abre la posibilidad de instaurar juicios políticos", señala el texto. Fernando Almazán, especialista en finanzas públicas, señaló que la nueva deuda resulta violatoria de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. Comentó que el endeudamiento no se puede utilizar para hacer frente a obligaciones financieras previamente contraídas, como señala el dictamen,sino para la programación de obras productivas. "Artículo 2o. El crédito... se destinará a cumplir con las obligaciones financieras que tiene el Ejecutivo Estatal en materia de inversión pública productiva", señala el Proyecto de Decreto. Señaló que aunque con el nuevo crédito el Ejecutivo estatal aún no rebasa el 20 por ciento de su presupuesto anual, que es lo que la Ley permite como endeudamiento máximo, estar abajo de ese tope resulta artificial porque existen pasivos que no están catalogados actualmente como deuda pública. Mencionó que el próximo año, con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que rige para toda la administración pública del país, los pasivos que actualmente el gobierno de Marcelo de los Santos no reconoce como deuda tendrán que reportarse como tales, con lo que habrá de reconocerse oficialmente la deuda publica supera los 12 mil 500 millones de pesos. "Entonces sí se sabrá cuál es la deuda real", dijo, y se podrá conocer el monto del endeudamiento fuera del marco legal. De acuerdo con las cifras que actualmente se reconocen como deuda pública en el dictamen, se menciona que el ejecutivo tiene una deuda directa pendiente de saldar por 2 mil 652 millones 426 mil 321.97 pesos y con el nuevo crédito llegará a 4 mil 152 millones 426 mil 321.97 pesos. Tanto en la iniciativa de decreto como en el dictamen, el Ejecutivo y el Legislativo hacen notar que, de acuerdo al presupuesto autorizado para este año, legalmente podrían llevar la deuda directa a 4 mil 793 millones 144 mil 131 pesos. Tal argumento, más que hablar de su respeto a la legalidad, parece más bien una petición de que les debería estar agradecidos porque ¡pudieron pedir 640 millones de pesos más de deuda... y no lo hicieron!
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Lista obtenida a través de solicitudes de información
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